El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei en las últimas horas. El decreto tuvo que ser corregido por otro DNU para que su implementación comience a regir desde hoy. 

“Está bien que haya gente en desacuerdo, pero esto nos va a hacer muy bien a todos”, afirmó el vocero presidencial. 

En primer lugar, defendió las pasadas acciones del ministro de Economía Luis Caputo y el reciente DNU: “Argentina está envuelta en una maraña de leyes y normativas que le pusieron freno al país en términos de desarrollo y futuro, el DNU tiene el objeto de empezar a desarmar esa maraña de cuestiones”. 

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“Tenemos nuestro equipo legal y entendemos que si hay alguna novedad judicial, nos encargaremos de explicar por qué todo está dentro de la ley en el marco de la urgencia”, dijo ante las críticas a la constitucionalidad del DNU, fuertemente cuestionado por especialistas del derecho. 

Apenas finalizada la cadena nacional, cacerolazos espontáneos tuvieron lugar en diversos puntos del país en expresión de rechazo a las medidas. Adorni expresó la postura del Gobierno al respecto: “No tenemos nada para decir de esas manifestaciones, entendemos que no tiene comprensión sobre lo que verdaderamente implica el DNU”. 

Por otro lado, calificó positivamente el operativo de control bajo el protocolo anti piquetes implementado luego de la movilización organizada el pasado miércoles en Plaza de Mayo.

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Aseguró que la línea 134 recibió más de 11 mil denuncias por supuesta extorsión a participar de movilizaciones: “Estamos muy contentos de atender una cantidad tan amplia de denuncias que superó casi por tres veces la cantidad de gente que participó de la marcha”.

“Va a haber consecuencias, estamos en proceso de identificación de quienes han roto la ley. Y quienes sean beneficiarios perderán el plan, lo perderán”. 

Confirmó además que serán las organizaciones sociales participantes quienes deberán afrontar los gastos económicos que haya generado la puesta en marcha del protocolo: “El operativo tuvo un costo importante, cuando se termine de cuantificar va a ser dirigido a las organizaciones sociales para que se hagan cargo de los costos”. 

Asimismo, ante un posible paro general de la CGT y otras organizaciones sindicales destacó que la respuesta del Gobierno será “oportunamente comunicada”. 

En rueda de prensa, destacó la derogación de la Ley de Alquileres y remarcó que había “hecho pedazos” el mercado inmobiliario. Ante la ley de Góndolas y de Abastecimiento sostuvo que el Estado no puede entrometerse en los mercados de alimentos. 

“Queremos terminar con la idea de que del otro lado debe haber un político diciéndonos qué hacer”, finalizó en diálogo con los periodistas presentes. 

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