Este viernes 16 de junio por la mañana, en distintos puntos del país, se realizó un paro nacional convocado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

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Las protestas fueron en rechazo de “las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI)” y en reclamo de “soberanía y justicia social y un aumento de emergencia”. Habrá concentraciones y marchas en el contexto de una jornada de lucha también en demanda de un salario universal.

En Córdoba, la jornada inició en el Puente Centenario para culminar en el Ministerio de Trabajo donde se realizó el acto de cierre.

El trayecto de la movilización

  • Plaza las Américas (sobre Vélez Sarsfield)
  • Desarrollo Social de la Nación* (Chacabuco 329)
  • Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Rivadavia 765) 
  • Ministerio de Justicia de la Provincia (Alvear 150)
  • Ministerio de Trabajo de la Nación (27 de abril 351)
ATE - CDP Cordoba

El documento de la CTA Autónoma

A todas luces, la situación por la que atravesamos los sectores populares es de una profunda criticidad. La sostenida y grave escalada inflacionaria con epicentro en los precios de los alimentos de primera necesidad, refrenda la necesidad de realizar desde las organizaciones del campo popular, todos los esfuerzos posibles para gestar una acción que exhorte a las autoridades a virar el rumbo económico, y generar medidas de urgencia tendientes a restituir los niveles de dignidad que nuestro pueblo necesita y merece.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que legitimó la estafa de Macri y sus socios fugadores, han desatado una aceleración del proceso de concentración y desigualdad.

Según un estudio reciente, se comprueba una mayor  reducción de la participación de los asalariados en el ingreso. Mientras que en la gestión de Cambiemos, la caída fue del 51,8% en 2016 al 46,2% en 2019, la misma se profundizó con el Frente de Todos: 43,9% en los primeros 9 meses de 2022. «Que supone una transferencia de ingresos del trabajo al capital de 87.000 millones de dólares de 2016 a 2022, de los cuales, 48.000 millones de dólares se trasladaron en 2021 y 2022».

Ya ha quedado a la luz la operación política que significó por parte del FMI y el gobierno de Macri, el desfasado crédito multimillonario, que violaba los estatutos del propio Organismo de crédito y la legalidad argentina, pero que no fue obstáculo para que se llevara adelante, con el único objetivo de facilitar nuevamente la fuga de capitales de los grandes empresas (y de los bancos en primer lugar), y al mismo tiempo gestar las bases para la prolongación de la gestión Macri o el condicionamiento extremo del próximo gobierno.

Lamentablemente el Gobierno actual aceptó pasivamente la trampa que entre el FMI y el Gobierno de Macri le dejaron con ese endeudamiento ilegal por donde se lo mire, pero que el Gobierno decidió aceptar y renegociar, en los peores términos con dicho Organismo.

Nuevamente entonces las fracasadas recetas del ajuste fiscal del FMI volvieron a ser parte de las políticas económicas de nuestro país. El resultado está a la vista: una tasa de inflación que no para de crecer, una economía con claros signos de estancamiento productivo, una absoluta dependencia de la entrada de divisas para posibilitar los pagos de deuda externa.

Sobre esta decepción colectiva, se ha montado el reacomodamiento de los sectores que históricamente han operado en la Argentina, el sendero de la desindustrialización, el desempleo, la caída salarial, y el ajuste de vida de los sectores populares, y que en el marco del actual proceso electoral que transitamos, explicitan sus intenciones de Reforma Laboral, Social y Previsional, que no es otra cosa que quitar derechos a la clase trabajadora activa, tanto formal como la que está precarizada, y también la pasiva (los jubilados).

Porque vemos avances extremadamente peligrosos de los estados provinciales, ya sea por decreto o leyes, sobre los derechos y libertades democráticas. Pruebas que se pueden expandir por todo el país de llegar a ganar en las próximas elecciones los sectores más reaccionarios para acrecentar el Estado represivo.

Así son los casos de Mendoza donde se aprobó una resolución que sostiene que los mapuches “no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”, negándoles todo tipo de identidad. En Salta, que con una norma contravencional intentan limitar el derecho de protesta; y como recientemente en Jujuy, que a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y con el propósito de reformar su constitución expanden el Estado represivo para castigar a quienes se manifiestan con más represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones.

Es contra esta aceleración de la desigualdad en la Argentina y la concentración extrema desde la que tributan los sectores dominantes, que proponemos retomar el protagonismo de los sectores populares que nos restituya como sujetos en el escenario del debate público y la tensión de intereses en defensa de los intereses mayoritarios.

El escenario electoral además, nos demanda involucrarnos también como sujetos de las plataformas y propuestas de las representaciones de los distintos sectores del campo popular que intenten convocar a disputar lo perdido de las conquistas y derechos de nuestro pueblo.

La calle fue, es y será el escenario por antonomasia de las grandes gestas populares.

Por eso es que convocamos a un Paro Nacional que puede expresar a lo ancho y largo del país, con contundencia que no puedan ignorar, nuestra firme decisión de alimentar una y otra vez, los criterios de Soberanía y Justicia Social que han caracterizado a nuestro país a partir de la lucha y organización de su clase trabajadora.

Alzando nuestra voz, para que este Gobierno, y el próximo no puedan ignorar nuestras propuestas:

  • Fuera el FMI de la injerencia en la política económica. Revisión e investigación de la deuda otorgada durante el gobierno de Macri, según lo dispone los informes de la Auditoría General de la Nación,
  • Aumento de Emergencia Inmediato, que pueda otorgar al conjunto de trabajadorxs, formales y de la economía popular, de jubiladxs y pensionadxs, los recursos necesarios para hacer frente al desregulado proceso de aumento de precios de la economía, y fundamentalmente de los alimentos.
  • Ingreso Universal que genere un shock distributivo que implique desterrar el hambre y la indignidad de tantas familias de la Argentina, tanto de la economía formal como la informal.
  • Lucha frontal contra la Precarización Laboral, que es el modo en que, a pesar de que no logran la Reforma Laboral, los empresarios van de hecho, eliminando derechos de los trabajadorxs.
  • Respaldar las luchas sectoriales que se están llevando a cabo en todo el país, tanto de los sectores públicos (estatales, docentes, judiciales) y privados, de la economía popular y jubiladas y jubilados.
  • Contra la criminalización de la protesta, persecuciones y procesamientos y contra las restricciones a la vida y a los derechos democráticos.
  • Subsidio para pequeños productores, entrega de tierras fiscales, facilidades para proyectos productivos y créditos accesibles a tasa subsidiada para pequeños/as y medianos/as productores/as.

Convocan: Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Nacional Campesino, Movimiento Argentino Rebelde (MAR),  Movimiento 8 de abril.