El próximo 30 de junio cierra el primer semestre del año con el vencimiento de miles de contratos laborales en la órbita estatal y desde el Ejecutivo que comanda Javier Milei, se aprestan para llevar adelante una nueva tanda de despidos masivos, en línea con el plan del Presidente de achicar y destruir el Estado nacional.

Pese a que aún no se conoce el número final de personal cesanteado, fuentes del Gobierno citadas por la agencia Noticias Argentinas, se está terminando de definir un plan masivo de despidos y no renovación de contratos.

En esa línea, se debe recordar que el propio Milei prometió hace algunos días que prevé seguir con su esquema de reducción de la planta pública a los fines de reducir el gasto fiscal, poniendo meta alcanzar la cifra de 75.000 empleados públicos despedidos para fin de año.

El domingo 30 de junio vencerá el plazo establecido por el Decreto 286/24 firmado por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse, que renovaba por tres meses el plazo de los contratos que no hubieran sido dados de baja para los empleados públicos regidos por los diferentes esquemas de contratación temporarios, momento que sería aprovechado por el Gobierno para realizar una nueva “purga” de empleados.

El proceso se inició a fines de diciembre con Milei recién asumido en el cargo de presidente, cuando se dieron de baja cerca de 7.000 contratos que habían ingresado en ese año en diversos organismos. Luego de que se dieran tres meses de prórroga, el Gobierno finalizó su auditoría interna y efectuó una baja de empleados cercana a los 18.000 trabajadores.

El esquema diseñado por la administración libertaria llevó la cantidad de ministerios a la mitad y se redujo toda la estructura del Estado.

"Achicamos el organigrama a la mitad. Eso no fue gratis porque echamos gente. En materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas. Ya llevamos 25.000 en lo que va del año", dijo, el propio Milei durante su discurso.

Luego de la primera tanda de bajas, cada una de las áreas estatales debió realizar una auditoría interna entre enero y marzo a los fines de estimar si había personal del cual podía prescindirse sin poner en riesgo la realización de tareas clave o meramente operativas. 

"Yo ya despedí a una buena parte de las personas que consideraba prescindibles. No sé si pueda extenderlo mucho más", indicó un secretario nacional citado por el sitio cronista.com. A pesar de que funcionarios nacionales indican que el objetivo de 75.000 desplazados es realizable, hay otros que comienzan a decir que es "inexacto".

También indican que un factor clave que podría traccionar para atrás el número de desplazados es que el Gobierno todavía debe completar los puestos jerárquicos en diversas partes de la APN. Hasta mayo restaba completar un 63% de los cargos en el Estado Nacional. "Esos empleados salen en el Boletín Oficial, no cuentan dentro del número de los 75.000", indicaron desde Casa Rosada.

Entre los estatales también hay preocupación de cara a la modificación de la Ley de Empleo Público que está inserta en el proyecto de Ley Bases a tratar el próximo jueves en Diputados.

Entre las muchas modificaciones que plantea figuran los descuentos por horas no trabajadas por hacer huelgas y la apertura de un período de 12 meses a disponibilidad, y posterior despido, para aquellos empleados que hubieran formado parte de organismos que se hubieren eliminado.