Sin respiro entre una ley y otra, los legisladores se sumergieron en la discusión en particular de la iniciativa de 112 artículos, cuyos puntos más conflictivo fueron la reimposición del impuesto a las Ganancias y en el amplio blanqueo propuesto.

Con la mecánica de discutir por capítulos con que se trató más temprano la reducida Ley Bases, a pesar de tratarse de temas muy controvertidos, la Cámara de Diputados aprobó en general la norma y luego aprobó casi sin agregados cada uno de los títulos que se pusieron en discusión. Lo mismo, el tratamiento de las 2 leyes insumió más de 30 horas continuas de sesión.

Además de los votos propios el oficialismo contó para la aprobación general con el apoyo del bloque de Pro, del grueso de los radicales, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Los votos negativos los aportaron los diputados de Unión por la Patria (UxP), de la izquierda, y Natalia De la Sota (Córdoba Federal). En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención, junto al santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Jorge Ávila (Hacemos Coalición Federal).

El panorama se mantuvo con ligeras variantes para cada uno de los capítulos. Entre los puntos más importantes del paquete fiscal figuran los siguientes.

Blanqueo de capitales

El proyecto establece que los activos por hasta los US$100.000 tendrán una alícuota del 0%, mientras que los montos superiores abonarán alícuotas crecientes en función del momento en que ingresen. 

En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%, y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.

Bienes Personales. 

Se establece una fuerte rebaja en este tributo. Es otro de los aspectos regresivos del paquete, al desgravar a las personas de alto patrimonio.
El mínimo no imponible subirá de $11 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $56 millones a $350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC. 

Otro de los beneficios es la reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas, eliminándose la discriminación existente para bienes situados en el exterior. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, y se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en el 2027, por debajo del 0,75%. 

Además, se crea un régimen especial que permite adelantar el pago de cinco años (del 2023 al 2027) en una cuota con una alícuota reducida del 0,45% por año por el patrimonio que supere el mínimo no imponible, y posteriormente será del 0,25% del excedente hasta 2028.

Este capítulo se aprobó con 147 votos a favor contra 100 en contra y ninguna abstención.

Impuesto a las Ganancias

El proyecto reinstala este tributo para la cuarta categoría para aquellos salarios superiores al $1.8 millones de pesos para los trabajadores solteros y $2.2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. 
El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual, pero ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en septiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral. También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo.

El título cinco, se aprobó con la diferencia más pequeña en las dos jornadas: 132 votos a favor,   113 en contra y 4 abstenciones

Monotributo

El proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación –con un tope máximo de $68 millones anuales- como de la cuota mensual a pagar. Esos aumentos oscilan entre el 200 y el 300%, según la categoría. Asimismo, se amplían los límites de facturación de locaciones y servicios, con nuevas categorías para este segmento, igualándolas a la de venta de cosas muebles.

El proyecto elimina al monotributo social, por lo que 625 mil contribuyentes en esa categoría quedarán fuera del sistema. A moción de la oposición se incluyó que la recategorización rija 90 días después de la publicación en el boletín Oficial, para permitir en ese lapso crear una nueva categoría que los contenga.

El título se aprobó por 142 votos a favor, 104 en contra y 2 abstenciones.

Moratoria

Por 131 votos a 117 se aprobó el blanqueo en particular y la oposición lo asoció al "lavado de activos". 

Se trata de una moratoria muy amplia de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas. Permitirá pagar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago. Se trata de la moratoria más amplia y más permisiva de la que se tenga registro en nuestro país.

En la última curva, Tierra del Fuego

La sesión tenía reservada una última sorpres.

Mientras el presidente de la Cámara advertía: “se nos va el avión”, para promover un veloz tratamiento, tuvo curso con 141 votos a favor y 81 en contra una segunda y última modificación en el último capítulo 8 del paquete fiscal.
A propuesta del diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal), el oficialismo aceptó incorporar el artículo 111, que insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley que modifique las exenciones tributarias para así aumentar la recaudación.

La oposición se propone eliminar el régimen excepcional que beneficia a la industria electrónica de Tierra del Fuego. Por encarecer la importación de productos tecnológicos, fue duramente criticado por Javier Milei a lo largo de la campaña para dejarlo completamente en el olvido una vez electo presidente.

“Se insta al Poder Ejecutivo a que en el plazo de 60 días tras la sanción de esta ley envíe al Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la administración en hasta un 2% del PBI, mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier otro gasto tributario”, afirma el texto del artículo incorporado.

Lo cierto es que en esta revisión general, podrían “colarse” la discusión de otras exenciones o simplemente, cómo ocurre con tanta iniciativas, no tratarse nunca.