Organizaciones sociales, sindicales y medioambientales consideran que lo ocurrido este miércoles en Rawson es un claro retroceso. Allí, la Legislatura de Chubut aprobó modificar la ley de preservación de sus recursos naturales.

Puntualmente, con el aval del gobernador Mariano Arcioni se da curso a la explotación de plomo, plata y cobre en las regiones de Telsen y Gastre, ubicadas en terrenos de meseta, impedida hasta el momento

La megaminería es fuertemente resistida y la intervención de la población no tardó en transformarse en marchas y una masiva convocatoria frente al edificio legislativo. Hubo represión y denuncias de varios manifestantes detenidos.

Puntualmente, se reclama al Poder Ejecutivo haberse manifestado como protectores del medioambiente en campañas políticas, torciendo hoy esa voluntad. Se objeta la imposibilidad de poder realizar un estricto control sobre la firma canadiense Pan American Silver, la verdadera interesada.

Con un proyecto extractivista en marcha, tendrá vía libre pese a no poder utilizar cianuro. No son pocas las voces en contra del método a usar mediante el xantato.

Qué se aprobó

Hubo 14 votos favorables y 11 en contra de la diversificación productiva en la Meseta Central de la provincia, que abre una cuestionada zonificación minera, resistida durante casi dos décadas. El oficialismo contó con aval de sectores sindicales como Camioneros, Petroleros y Empleado de Comercio.

No dejó de llamar la atención el discurso de cierre del presidente de la comisión de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Eliceche, a favor de los cambios. Mencionó que para su aprobación hubo "un pedido del presidente Alberto Fernández para que la minería se desarrolle y existan inversiones".

La falta de consulta social suele ser un factor explícito de la presencia empresarial de fondo. Hay una marcada oposición de investigadores del Conicet y referentes de la Universidad Nacional de la Patagonia.

En Chubut no está permitida la minería a cielo abierto y gran escala desde que en Esquel los reclamos llevaron a un plebiscito donde ocho de cada diez habitantes votaron en contra de un proyecto extractivista.

Desde allí, la diversificación de asambleas ciudadanas resultaron un resguardo.

Hoy, integrantes de comunidades mapuches-tehuelches que se verían afectados tienen a mano un reclamo que podría llevar la cuestión a la Corte Suprema. Puntualmente, por la falta de "una consulta social libre e informada" que manda un convenio de la Organización Internacional del Trabajo.