El Gobierno nacional anunció su determinación de apelar inmediatamente el fallo emitido el viernes pasado por la jueza neoyorquina Loretta Preska en el caso de la estatización de YPF. En el fallo, la jueza determinó que Argentina deberá pagar una compensación cercana a los US$16.000 millones al fondo Burford Capital por la expropiación y recuperación de la petrolera en 2012.

El presidente Alberto Fernández, en colaboración con la Procuración del Tesoro, analizó la situación y reafirmó su compromiso de defender la soberanía energética del país y la empresa estatal YPF frente a los fondos buitres, según expresó la portavoz del Gobierno Gabriela Cerruti.

"El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", expresó Cerruti.

La decisión de apelar el fallo fue respaldada por el estudio de abogados Sullivan & Cromwell, que representa a Argentina en la demanda de Burford Capital. El abogado Robert Giuffra, socio de dicho estudio, criticó la decisión de la corte de distrito de Nueva York, calificándola como errónea y sin precedentes. Además, Giuffra argumentó que este tipo de controversias sobre derecho argentino deberían resolverse en tribunales argentinos y no en EE.UU.

Tweet de Gabriela Cerruti

El fallo anterior emitido por la jueza Preska en marzo determinó un incumplimiento de contrato por parte del gobierno argentino y eximió a YPF de responsabilidades, pero no había establecido el monto de la indemnización en esa instancia.

En el nuevo fallo, la jueza respaldó un cálculo de indemnización propuesto por el profesor Fischel, que se basa en una fórmula de relación precio/ingresos conocida como "Fórmula D". Aunque no especificó el monto exacto, esto llevó a especialistas a estimar que Argentina podría enfrentar un pago cercano a los US$16.000 millones.

Preska también determinó que Argentina ejerció control indirecto sobre las acciones de Repsol en 2012, lo que desencadenó las obligaciones de indemnización. Además, estableció que un interés simple del 8% debería aplicarse a partir del 3 de mayo de 2023.

Loretta Preska. Foto: La Política Online
Loretta Preska. Foto: La Política Online

Preska instó a las partes involucradas a negociar considerando estas conclusiones de hecho y derecho. Burford Capital no fue víctima de expropiación en 2012, ya que había recomprado los derechos de litigio a otros acreedores, incluido el Grupo Petersen.

En julio pasado, Argentina había solicitado que el reconocimiento de daños en el juicio no excediera los US$4.920 millones. Sin embargo, las estimaciones varían entre este monto y los US$16.000 millones, dependiendo de varios factores, como la fecha de control de las acciones expropiadas y las tasas de interés.

El Gobierno argentino argumenta que cualquier indemnización adicional a los demandantes supondría una ganancia inesperada y agravaría los desafíos económicos actuales del país. La apelación ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito busca corregir lo que consideran errores fundamentales en la decisión de la corte de distrito de Nueva York. La batalla legal por la soberanía energética y los recursos de YPF continúa.