El fiscal de San Martín Raúl Martínez, a cargo de la investigación abierta a partir de las 24 muertes por consumo de cocaína adulterada, planteó formalmente la declinatoria de competencia en favor del fuero federal.

En el pedido, realizado ante Mariano Grammático Mazzari, juez de Garantías de San Martín, el fiscal argumentó:

“Se encuentra comprometida en la presente causa la salud pública provincial y nacional, ya que si bien no se puede asegurar que el estupefaciente ilícito letal esté distribuido en otras jurisdicciones, menos puede descartarse, lo que hace aún más determinante la urgente intervención de la Justicia federal en la pesquisa, quien cuenta con todos los recursos necesarios, a fin de lograr desarticular toda la organización criminal y hacer cesar el daño”

Sucede que según la Ley de Tenencia y tráfico de estupefacientes (23.737), la investigación de una organización criminal de tal envergadura como sería esta es una actividad limitada para la justicia provincial y, además, es el único caso en el cual puede intervenir la Justicia federal.

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Entonces, el fiscal a cargo de la causa en su planteo argumentó principalmente que es un hecho que implicaría varias jurisdicciones y que el fuero federal cuenta con otros recursos para lograr desarticular la organización criminal responsable de producir y comercializar la cocaína adulterada por la que fallecieron 24 personas y unas 80 aún permanecen internadas.

Por otra parte, Martínez definió como un "arma letal" a la droga desarrollada por la banda investigada.

A su vez, sostuvo que "la investigación de los homicidios cometidos no pueden escindirse de la competencia federal originaria sobre la Ley 23.737".