Las diferencias entre los cortesanos suelen transcurrir con sordina. 
“Los jueces solo hablan por su fallos”, es el viejo dicho que se utiliza para dejar en claro que hacer públicos asuntos internos de la justicia es cruzar un límite muy significativo.

Y es lo que acaba de ocurrir.
La actual mayoría automática de la corte suprema estableció un nuevo procedimiento administrativo y Lorenezetti firmó en disidencia, con un dictamen al que le dio publicidad. Ante el estado público y no existiendo posibilidad de “contestar objeciones” en los dictámenes internos, la mayoría decidió hacer una respuesta pública.
Señal de que se ha perdido todo “decoro” y que la confrontación no tiene retorno.

Los hechos

El cambio fue decidido mediante la Acordada 18 /2024 por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el juez Juan Carlos Maqueda, que funcionan en unidad a la hora de decidir los temas de gestión de la Corte. 

Crearon una secretaría Penal Especial, argumentando que se trata de acelerar el trámite de causas. El expresidente de la CSJN firmó en disidencia y señaló que la creación no responde a necesidades reales, sino a intereses internos de poder. 

Ricardo Lorenzetti, acusó a sus colegas de querer desplazar a uno de los secretarios que mostró efectividad en la tramitación de las causas mientras mantiene estructuras inútiles.
El argumento para crear una nueva dependencia apunta a descongestionar la Secretaría Penal, que ha visto un incremento considerable en la cantidad de expedientes penales en los últimos años. Esa secretaría está desde 2018 en manos de Fernando Arnedo, que venía de desempeñarse en las vocalías de Raúl Zaffaroni y Lorenzetti.

Según la acordada, "desde hace varios años se viene incrementando de manera considerable y sostenida la cantidad de expedientes penales que ingresan a la Secretaría Judicial N° 3 de esta Corte".
"A fin de cumplir ese importante objetivo resulta necesario crear en el ámbito de esta Corte una nueva secretaría judicial en materia penal para que intervenga en causas correspondientes a ciertos asuntos de dicha especialidad", expone la Acordada.

Lorenzetti expresó su disidencia en duros términos: "la invocación de principios de buena administración o gestión, no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema".

Pero más allá de la retórica, Lorenzetti denuncia cosas graves: "En todos los casos se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige", afirmó.

El contraataque

La mayoría contestó con un comunicado público en el que entre otras cosas afirmaron que “el mayor acto de nepotismo realizado en el ámbito del tribunal fue perpetrado por el propio juez Lorenzetti mientras era presidente, cuando suscribió la resolución que efectivizó a su esposa en el cargo de prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela (resolución Nº 2983/2018)”.

En un documento, difundido entre los periodistas, presentaron un punteo que replica las objeciones del juez una a una, en términos tan duros como el que usó Lorenzetti. Dijeron los jueces de la mayoría que el formato de la Acordada no permite hacer objeciones de las objeciones y por eso optaron por esta manera de responder.

La sombra de Lijo

Lorenzetti fue presidente de la Corte durante más de una década y perdió ese cargo cuando cambiaron las mayorías. Desde entonces viene confrontando más o menos públicamente con la mayoría. 

Lo que no puede desconocerse es que fue el propio Lorenzetti el que impulsó la postulación de Ariel Lijo para la Corte y que seguramente, su incorporación podría poner en riesgo la mayoría actual, pero además, siendo Lijo penalista, es sospechoso que las reformas abarquen directamente la actividad de ese fuero.