Pasado el mediodía de este martes comenzó el debate del proyecto de Presupuesto para el 2023 en la Cámara de Diputados de la Nación y las miradas estarán puestas en lo que se espera sea, como es habitual, una maratónica sesión.

Tras algunas dudas de último momento, el Frente de Todos consiguió el cuórum necesario para sesionar. Con 133 diputados sentados en sus bancas, comenzó la sesión. Para lograr el número necesario, el oficialismo logró el apoyo del bloque Evolución Federal, que entre otros integran los radicales cordobeses Rodrigo De Loredo y Gabriela Brower de Köning, como también el Interbloque Provincias Unidas, y algunos otros radicales, entre los que se cuenta a Facundo Manes. 

Durante la sesión se espera que, en algunos artículos conflictivos, Juntos por el Cambio vote dividido, ya que hasta el momento no hubo definiciones en bloque, en virtud de que el interbloque no tiene una jefatura única y consolidada desde hace un año. 

Se descuenta que en el transcurso del debate, diputados de JxC y demás bloques opositores, entre los que se cuente el interbloque Federal, integrado por los diputados cordobeses que responden a Schiaretti, intentarán modificar el artículo que prorroga hasta finales de 2023 la potestad de tocar retenciones. Otro tanto sucedería con el que dispone el pago del impuesto a las ganancias por parte de los miembros del Poder Judicial.

El proyecto de Presupuesto 2023 prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. El déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.

Entre las principales modificaciones, el Frente de Todos aceptó la “cláusula gatillo” por inflación propuesta desde Juntos por el Cambio. Otra muy controversial es la que impulsó el oficialista Marcelo Casaretto para que todo el Poder Judicial pague el impuesto a las Ganancias. También se incorporó un artículo que beneficia al gremio de Camioneros en relación al pago de Impuestos a las Ganancias.

Sobre los pedidos para la incorporación de obras, algunos ya tomados y otros que seguirán estudiándose, se introdujeron cambios en la redacción del artículo 11 en el que se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a “incorporar la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios en la medida en que ellas se financien con cargo a las facultades previstas”, y se lo autoriza a “efectuar las compensaciones necesarias a los objetivos presupuestarios aprobados por la ley, a efectos de atender la financiación de las obras”.

El artículo 13 también sufrió modificaciones, ya que establece la vigencia del artículo 7 de la Ley de Financiamiento Educativo “en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de educación u organismos equivalentes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función, formal y no formal, de la educación”.

En cuanto al artículo 17, se establecerá un aumento de 1.000 millones de pesos para la Ley de Bosques (pasa de 8.000 millones a 9.000 millones); y de 500 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (pasa de 500 millones a 1.000 millones).

Sobre el Fondo de Compensación al Transporte Público del interior, se fija en el artículo 81  una suma de 85 mil millones de pesos -que había sido acordada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con los gobernadores del norte grande- como “piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”.

Además, se crea un Consejo Federal para la administración de los subsidios, “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”.

Fuente: parlamentario.com