Diputados aprobó una serie de proyectos de índole sanitario y social
Se destacaron la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias para el personal de salud y la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La Cámara de Diputados aprobó una serie de proyectos acordados entre el Frente de Todos (FdT) y los bloques opositores, entre los que se destacaron la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Rendam) para aquellos padres que no cumplen con los acuerdos judiciales de manutención de sus hijos y la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias para el personal de salud.
La Cámara avaló también un proyecto que establece la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que lleva el nombre de "Lucio", haciendo referencia a la historia de Lucio Dupuy, quien falleció cuando tenía 5 años debido a los maltratos de su madre y su pareja, ambas detenidas y acusadas por este crimen.
El plenario legislativo, presidido por su titular Cecilia Moreau, comenzó a las 12.30 con la presencia de 130 legisladores.
El primer proyecto en ser debatido fue el que exime del pago del impuesto a las Ganancias al personal de salud que efectúa una guardia adicional a las cuatro que realiza en el mes, para evitar así que tengan descuentos por la aplicación de este tributo.
Los trabajadores de salud realizan cuatro guardias por mes, pero cuando deben hacer una quinta tienen que pagar Ganancias, por lo cual muchos de ellos evitan efectuarla. El plenario legislativo aprobó por 223 votos la iniciativa al contar con el respaldo del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), Interbloques Provincias Unidas y Federal, Movimiento Popular Neuquino, Ser, el Frente de Izquierda y Avanza Libertad.
El segundo proyecto aprobado fue el que crea un registro de deudores alimentarios que busca sancionar a los padres que no cumplan con los fallos judiciales que establecen los montos que deben abonar para la mantener a sus hijos.
El Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (Rendam) fue aprobado por 225 votos aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, Federal, el Frente de Izquierda, y La Libertad Avanza, mientras que José Luis Espert (Avanza Libertad) votó en contra.
Si bien hubo un amplio consenso en la aprobación en general, no sucedió así con el articulo 8 del proyecto donde se establecen los impedimentos que tendrán los inscriptos en el Registro. En este punto hubo 161 votos contra 66 en contra que correspondieron en su mayoría al PRO, algunos legisladores de la UCR, dos de Córdoba Federal y a la bancada de derecha que conduce Javier Milei.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien es autora de una de las iniciativas, expresó a través de la red social Twitter que "aprobamos la creación del Registro Único de Deudores Alimentarios".
"Una medida contra la violencia económica y la vulneración de los derechos de las infancias: quienes no cumplan con la manutención de sus hijos/as se verán impedidos de acceder a una serie de trámites", agregó.
De acuerdo al proyecto "quienes se encuentren en el Rendam no podrán acceder a una serie de acciones y trámites como a la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de la propiedad inmueble, solicitud o renovación de licencia para conducir, expedición o renovación de pasaporte y desempeño de cargos públicos, entre otros".
La tercera iniciativa aprobada fue la que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia.
El proyecto sumó 228 votos a favor y se registraron 28 ausencias en la instancia definitiva y fue impulsada por legisladores de distintos espacios tras el asesinato a golpes el 26 de noviembre último del niño Lucio Dupuy en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el cual fueron detenidas su madre y la novia de la mujer.
El texto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Fuente: Télam.