El Gobierno intervino los medios de comunicación públicos

El Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, oficializó este lunes la intervención de los principales medios de comunicación públicos que a partir de ahora salen de la órbita de la Secretarías de Comunicación para quedan bajo control directo de la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse.

Según confirma el decreto 117/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, la intervención de los medios públicos es, inicialmente, por un año.

Además, el decreto confirma las designaciones de funcionarios que estarán a cargo de los mismos; el interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, mientras que el interventor adjunto será Diego Sebastián Marías, que funcionarán bajo la órbita de la dependencia que conduce Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una sola vez, según establece la normativa.

Los objetivos

De acuerdo al decreto, los interventores tendrán las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y/o a su presidente y, especialmente, las establecidas en el decreto en cuestión.

En este sentido, Chaher y Marías deberán “elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades” que será puesto a consideración del Ejecutivo; evaluar, modificar el Estatuto para el personal del organismo o aprobar uno nuevo; modificar el reglamento de contrataciones de obras, bienes y servicios.

Los funcionarios estarán habilitados a modificar la denominación de los organismos -aunque también deberán contar previamente con la conformidad de la Casa Rosada-, a revisar la administración de compras y contrataciones; disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado en el que se encuentran, así como presentar la rendición de cuentas.

Con ese fin, los interventores también podrán “designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas”. No obstante, el decreto aclara también que “el detalle efectuado en los incisos precedentes es sólo enunciativo y no limita en modo alguno las funciones del Interventor y del Interventor Adjunto que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios”.

“En caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor y el Interventor Adjunto deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda”, señala.

El decreto firmado por el mandatario y el ministro del Interior, Guillermo Francos, precisa también que “el Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional a efectos de atender los requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto”.