El Gobierno nacional intervino con una actuación administrativa para avanzar en la nulidad de las autorizaciones otorgadas por el Estado en 1996 que permitieron la compra de tierras, incluyendo el lago Escondido, en una zona de frontera, por parte de la empresa propiedad del magnate inglés Joe Lewis, Hidden Lake S.A.

La Resolución 1603, firmada por el secretario de Interior, José Lepere, declara lesivas al interés general las autorizaciones de previa conformidad otorgadas en el marco de los Expedientes Nros. S02-21662/96 y S02-21702/96 del Ministerio de Defensa a Hidden Lake S.A. Además, instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio a iniciar acción judicial de lesividad contra Hidden Lake S.A. con el fin de obtener la declaración de nulidad de las autorizaciones de previa conformidad otorgadas a dicha sociedad.

Ver: La Justicia falló a favor de Joe Lewis y el acceso a Lago Escondido será por montaña

La venta de tierras en la zona del lago Escondido se originó inicialmente a través de la empresa H.R Properties Buenos Aires S.A, que posteriormente pasó a manos de Hidden Lake S.A., cuyos accionistas eran Lago Corp y Charles Barrington Lewis, ciudadano inglés recientemente arribado a la República Argentina. 

La transacción involucró un total de 8,063 hectáreas y 2,760 hectáreas de tierra.

La resolución hace referencia a la larga trayectoria de reclamos que se iniciaron a partir de una presentación en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por parte de la actual legisladora electa rionegrina, Magdalena Odarda, y sus abogados Juan Ernesto Montecino Odarda y Juan Martín Palumbo.

El reproche se basa en que el Decreto Ley N°15.385/44, reemplazado por la Ley N°23.554, declara la conveniencia nacional de que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. 

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas propició investigar posibles irregularidades en los trámites de compra de propiedades por parte de extranjeros en Zonas de Seguridad de Fronteras, incluyendo la transacción de Lewis en el área del lago Escondido en la provincia de Río Negro.

La resolución también destaca que desde el origen, la transacción de la compra de tierras debía ser rechazada y que el Ministerio de Defensa del Gobierno menemista lo autorizó en base a información inexacta, subrayando la necesidad de iniciar una denuncia penal.