El Ministerio de Defensa pidió al Ejército un informe detallado del acto que generó la remoción del general retirado Rodrigo Alejandro Soloaga de la presidencia de la Comisión del Arma de Caballería, a quien se señala de hacer “apología del terrorismo de Estado”. 

La decisión habría causado malestar en las filas castrenses. Ahora, la cartera que conduce Taiana pidió al jefe del Ejército, teniente general Guillermo Olegario Pereda, la lista de los civiles y militares que estuvieron presentes y el legajo de los oficiales que recibieron premios.

El acto se realizó en el predio de la Dirección de Remonta y Veterinaria, en Palermo, y el propio jefe del Ejército encabezó el encuentro con el que se celebró el Día del Arma de Caballería, el último martes. 

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Soloaga, en su discurso ante la tropa y las jerarquías, expresó su acompañamiento a los militares detenidos por causas de lesa humanidad y les agradeció por enfrentar “con estoicismo” las condiciones de detención que viven.

VER: El ministro de Defensa removió a un general por revindicar a represores de la dictadura

El requerimiento fue formulado el viernes por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, a cargo de Eduardo Jozami. Se dio un plazo de cinco días para que sean presentadas copias certificadas digitalizadas del legajo personal completo del general Soloaga, un informe detallado de la situación actual de revista del denunciado y copias de los boletines del Ejército Argentino de los días 23, 24 y 25 de abril.

En el mensaje dirigido al jefe del Ejército se expresa que las afirmaciones de Soloaga “contrarían no solo un amplísimo consenso nacional que sostiene las políticas de memoria, verdad y justicia que el Estado nacional viene llevando adelante desde 2003, sino también las decisiones adoptadas en reiteradas oportunidades por el Poder Legislativo y las altas autoridades de la Justicia nacional. Claramente, los dichos de Soloaga, pronunciados en presencia de las máximas autoridades de la fuerza, constituyen una directa reivindicación del terrorismo de Estado y sus responsables y configura un discurso contrario a todos los principios democráticos de un Estado de derecho”.