El 31 de diciembre, al menos 40.000 empleados públicos de la administración nacional que están bajo modalidad de contrato (no integran la planta permanente estatal) pasaron las fiestas en la incertidumbre de la continuidad laboral.

Desde que asumió, la gestión de Javier Milei viene renovando estas contrataciones de forma precaria, cada tres meses, definiendo en cada salta nuevos ceses que, en definitiva, son despidos. 

Sin comunicaciones oficiales previas, recién este viernes el gobierno anunció que volverá a generar una nueva prórroga por 90 días (hasta fines de marzo) período en el que estos empleados deberán realizar el examen de idoneidad que les permitiría pasar a un régimen de mayor estabilidad: los aprobados tendrán contratos por un año en lugar de trimestrales. 
En el interín, las dependencias adems deberán justificar que ese contrato cumple una función específica.

Entre la asunción de Milei y noviembre de 2024 fueron dados de baja casi 36.000 empleados públicos que estaban bajo el régimen de contratación, según los datos difundidos oficialmente por el gobierno.

Desde el Gobierno señalan que se espera que esta sea la última prórroga: el ministerio de Sturzenegger dispuso que todos ellos deberán rendir la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, un “examen de idoneidad” con un cuestionario dividido en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública.

Fuentes oficiales y gremiales coinciden: prácticamente la totalidad de los 14.000 empleados que hasta ahora rindieron el examen lo aprobó.

El gremio discrepa

Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) insiste con que estos nuevos contratos anuales no sigifican “darle estabilidad al trabajador”, un reclamo que las organizaciones gremiales formulan a todos los gobiernos y dependencias del estado.

La modalidad de contratación por tiempo determinado y el “monotributismo” son dos modalidades que se han extendido durante décadas en todos los niveles de la administración pública, incluso en dependencias descentralizadas y universidades. Incluso en los Servicios de Radio y Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.

En ATE aseguran que no son 40.000 sino más de 55.000 los empleados a los que se les venció su contrato el 31 de diciembre. Contabilizan también los monotributistas bajo locación de servicios y los 2400 empleados que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor. 
El Gobierno ya anunció que va a desvincular a los trabajadores que tengan un convenio a través de Acara.

En ATE señalaron que con el cambio de año “se detectaron los primeros despidos en el Ministerio de Justicia, en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) -la obra social de los uniformados- y en Parques Nacionales”. 

El caso más resonante es el de del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, donde 87 empleados recibieron un mensaje por WhatsApp el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que ya no debían presentarse a trabajar.

Nuevos decretos
En las últimas horas, el Gobierno publicó dos nuevos decretos para congelar la plata de la administración nacional y limitar el ingreso de personal nuevo al sector público. 
En el último Boletín Oficial de 2024, Milei y Sturzenegger firmaron los decretos 1148/24 y 1149/24.
 

Medidas de Milei para empleados públicos: un alta cada tres bajas y examen previo