Integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura publicaron un informe sobre la grave situación que registra la provincia en cuanto a sobrepoblación en algunas cárceles y la cantidad de muertes evitables por la falta de acceso a la salud que tienen quienes están privados de su libertad.

Josefina Ignacio, comisionada del organismo, explicó a Radio Universidad que son un órgano de control. Recorren “cárceles, comisarías, lugares de salud mental, chicos y chicas en conflicto con la ley penal, geriátricos, todos aquellos lugares donde haya una persona que por una disposición judicial o administrativa no pueda irse por su cuenta”.

El objetivo es relevar cómo las personas están viviendo en esos sitios y hacer las recomendaciones y sugerencias a las autoridades correspondientes, cuando hay alguna situación que viole los derechos fundamentales de los internos.

“En Córdoba ya hemos estado en varias oportunidades realizando inspecciones, dado que todavía Córdoba no tiene el organismo provincial. La ley que nos crea a nosotros dice que cada jurisdicción, cada provincia, tiene que tener su propio mecanismo local para la prevención de la tortura”, explicó Ignacio, agregando que “es una de las provincias a la que más hemos ido por la ausencia de un organismo de control local”.

Como órgano de control, los miembros del Comité pueden ingresar a todas las cárceles y comisarías del país. “Ahí nuestro trabajo es inspeccionar el lugar, realizar entrevistas confidenciales con las personas que allí se encuentran alojadas y también tenemos alguna reunión con las autoridades y acceder a toda la información que nosotros necesitemos para poder realizar nuestro trabajo”, contó la comisionada. 

“Luego de la inspección hacemos un informe, donde hacemos un diagnóstico de la situación, (...) y hacemos una conclusión y a partir de allí recomendaciones”, dijo Ignacio.

Las mayores preocupaciones que tienen sobre la situación en Córdoba

La comisionada sostuvo que uno de los temas que más le preocupa al Comité es que la provincia no tenga aún, a cinco años de sancionada la ley nacional, un órgano de control de las eventuales torturas que puedan realizarse en su territorio.

En segundo lugar, Ignacio remarcó que notaron son la cantidad de “ muertes en custodias del Estado. Nosotros veíamos que hay un registro de muertes, tal vez ligadas a las dificultades que tienen las personas privadas de la libertad para el acceso a la salud, porque son muchas veces muertes evitables. Fuimos a insistir con eso, hablamos con fiscalías, con el Tribunal Superior. también con las autoridades del Ejecutivo”, y los entrevistados manifestaron que a ellos también los preocupa, señaló. 

“Establecimos algunos acuerdos para ver cómo esto se investiga, algunas capacitaciones que nosotros podríamos darle a los fiscales para investigar este tipo de cosas. Fuimos también a avanzar en ese tema”, sostuvo la comisionada.

Otro tema que también preocupa al órgano nacional “es el hacinamiento que hay en la UP9 UCA, que funciona como una especie de alcaidía y la verdad que hay mucha más gente de la que el lugar puede alojar. Es un problema de política criminal: se detiene a gente de manera masiva a nuestro modo de ver, pero bueno también fue un tema de conversación para ver cuáles son los posibles abordajes a ese hacinamiento”.

Cómo influye el pedido de “mano dura” dentro de las cárceles

Al ser consutada sobre si el pedido de mano dura de la sociedad y de algunas fuerzas políticas se ve refejado en los establecimientos penitenciarios, Ignacio sostuvo que “si eso pasa, quienes están a cargo de las personas privadas de la libertad estarían cometiendo un grave delito porque todo nuestro plexo normativo a nivel nacional y en derecho internacional habla de otra cosa: que las personas privadas de su libertad deben acceder a derechos, que el único derecho que se pierde es el de la libertad ambulatoria, y si un penitenciario golpea o maltrata, se hace una denuncia y es un delito penal”, subrayó la mujer, agregando que “muchas veces el pedido de mano dura es delito, claramente”. 

“Este discurso mediático (...) muchas veces con datos poco certeros, dificulta mucho nuestro trabajo claramente  y también las decisiones políticas que van tomando aquellos que las tienen que tomar”, expresó Ignacio.

“Se detiene cada vez más gente, pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad autónoma de buenos aires, están las comisarías de cada jurisdicción colapsadas de gente, las cárceles también”, indicó.

“La respuesta del Estado en su conjunto sigue siendo leyes más regresivas en cuanto a lo penal y la construcción de nuevas cárceles, y está bien porque hay mucha gente que la está pasando mal y tiene que estar viviendo en un lugar más adecuado, con más espacio. Que tenga una cama donde dormir. Ahora ¿es la respuesta al problema de fondo? Nosotros creemos que no”, sostuvo la comisionada.

“Es un tema mucho más complejo, que no se soluciona con la construcción de mas cárceles que inmediatamente se van a colapsar si seguimos deteniendo al nivel de encarcelamiento que estamos llegando, que es cada vez más”, concluyó Ignacio.

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JOSEFINA IGNACIO, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura by cba24n.com.ar