La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Argentina expresó preocupación por las denuncias de atropellos de derechos y acciones violentas ocurridas durante las protestas que tienen lugar en la provincia de Jujuy, en el norte del país, como respuesta a una reforma a la Constitución provincial aprobada ayer martes 20 de junio por la legislatura local.

Las informaciones de la ONU dan cuenta del uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales, que han dejado decenas de personas heridas, incluido un adolescente con trauma ocular severo y otra persona con lesiones graves en la cabeza.

En el contexto de las manifestaciones se reportan detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes indígenas, de una legisladora provincial y de periodistas, además de obstrucción al trabajo de los activistas de derechos humanos.

Los manifestantes, por su parte, también han cometido algunas acciones violentas como irrumpir por la fuerza en las instalaciones de la legislatura provincial.

El representante para América del Sur de la Oficina instó a las autoridades provinciales y nacionales a investigar con premura “todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy”. 

Jan Jarab las exhortó asimismo a redoblar esfuerzos “para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos”.

En cuanto a la reforma a la Carta Magna de Jujuy, Jarab dijo que “presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica”.  

Entre otras disposiciones, esa modificación prohíbe cortar la circulación en calles y carreteras, una forma de protesta muy socorrida durante las últimas semanas en Jujuy en las movilizaciones contra de la reforma constitucional y en favor del aumento al salario de los docentes.

En este sentido, el titular de la Oficina en Sudamérica aseveró que la libre circulación vehicular y peatonal no debe anteponerse a la libertad de reunión pacífica ni a la participación democrática, pese a las perturbaciones que éstas puedan generar.