Llaryora y el proyecto para reponer Ganancias: "Es un error, hay que ir por los altos ingresos"
El gobernador de Córdoba se refirió al tema a días de la reunión con el Gobierno Nacional para discutir los puntos del acuerdo.
A pocos días de la convocatoria de Milei a los gobernadores para el diálogo y luego de que el Gobierno Nacional blanqueara la intención de enviar un proyecto para reimplantar el impuesto a las Ganancias para los trabajadores que fueron exceptuados, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lo consideró “un error” y dijo que “hay que ir por los altos ingresos”.
El mandatario provincial formuló esas declaraciones anoche, en una entrevista en TN. De esta manera, sumó un reparo mas a la hora de sentarse a discutir un acuerdo con el Gobierno Nacional para el Pacto de Mayo convocado por Javier Milei.
“Creo que hay que hacer algo sobre los altos ingresos, algo que sea progresivo, pero no con un valor que afecte a los trabajadores”, remarcó Llaryora. En esa dirección, se mostró partidario de ir por “un esquema similar de cuarta categoría que deje afuera a los trabajadores y que vaya a los altos ingresos”
"Con la recesión, volver a ir sobre salarios, que están totalmente deprimidos por la inflación - porque la motosierra y la licuadora son eso- me parece un error”, aseguró Llaryora.
Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos insiste en que reponer el impuesto a las Ganancias “es un pedido de los gobernadores”, que vieron afectados sus ingresos por la caída en la coparticipación.
Pasado el mediodía del martes, en la jornada inaugural de ExpoAgro, el mandatario provincial insistió en criticar algunas iniciativas del Gobierno Nacional.
"Hay que reunir las metas fiscales, pero necesitamos sí o sí tener un plan productivo, porque después de la motosierra y la licuadora te va a faltar un plan productivo, no alcanza. Darle más competitividad al campo, darle valor, abrir mercado, armar una política de biocombustible en conjunto con todos los sectores”, había dicho Llaryora.
“Sentarme en una mesa para decirme que van a poner un derecho de exportación a la maquinaria agrícola, no pierdan tiempo, no me llamen. Para poner trabas, no cuenten conmigo”, expresó.
Además, criticó la insistencia del Gobierno de Milei para volver a enviar el proyecto de Ley Ómnibus tal como estaba redactado originalmente, con el capítulo fiscal incluido. "Si van a presentar lo mismo, ¿por qué los legisladores que están van a votar distinto?. Van a tener que hacer algunas modificaciones”, señaló.
Si bien aún no está confirmado el cronograma de reuniones con los gobernadores que comenzaría el viernes próximo, el Gobierno Nacional confirmó ayer que citará a los mandatarios provinciales por regiones, para luego llegar a una última reunión en la que estén todos los que suscriban el acuerdo.
VER: Al final los gobernadores se reunirán por etapas con el Gobierno Nacional
En esa línea, ya son varios los gobernadores que pusieron reparos al contenido y a la imposición del Gobierno Nacional de la aprobación de la Ley ómnibus como moneda de cambio para un alivio fiscal para las provincias.
Además de Llaryora, su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también advirtió que no aprobarán nada a libro cerrado. "Yo siento que hay un debate muy tenso en la República Argentina. A Santa Fe no la van a extorsionar ni la van a amedrentar. Santa Fe es una provincia pujante que tiene mucha potencia productiva y que obviamente va a poner su posición en una mesa de diálogo siempre".
Más adelante agregó que “no hay claridad sobre cuál va a ser la propuesta de la Nación con las provincias, nosotros también tenemos que hacerle reclamos a Nación”, dijo al referirse a una deuda millonaria que reclama la provincia vecina a la Nación.
Otro que puso condiciones para el diálogo y acercarse a un acuerdo, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien acusó al gobierno de Milei de prácticas extorsivas.
Además, desplegó distintos condicionamientos para asistir a la reunión, como la reactivación de la obra pública, el restablecimiento de los fondos "vengativamente" quitados a las provincias, la renuncia a la dolarización y restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que significa una pérdida del 10 por ciento del salario para los educadores en todo el país.