En el día de ayer, la Conferencia Episcopal Argentina anunció que el último día hábil de 2023, el pasado viernes 29 de diciembre, se hizo efectiva la renuncia a la asignación mensual prevista que el Estado Nacional otorgaba a obispos en el país. 

De esta manera, se deja de lado lo establecido en la ley 21.950, que otorgaba una asignación mensual para arzobispos y obispos equivalente al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia. La norma había sido instaurada en 1979, bajo la dictadura cívico militar. 

“Es un proceso que viene desde hace mucho tiempo, comenzó en 2018 en la administración de Macri y continúo bajo la gestión del expresidente Fernández y se ha completado en estos días. La Iglesia Católica en Argentina, que nunca ha sido sostenida por el Estado Nacional, renuncia a este aporte y acentúa el proceso que vinimos viviendo”, indicó monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco.

El proceso al que alude Buenanueva es el comenzado en 2018 por la Conferencia Episcopal Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri, y con Marcos Peña como intermediario. Allí se inició el trámite de renuncia a estas asignaciones, que a día de hoy equivale a 98 mil pesos, en un contexto de debate por la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

En este sentido, explicó: “Tenemos que remarcar algo importante, que es que ahora se completado la renuncia a uno de los tres rubros a los que aporta el Estado, que es el más voluminoso". 

Los otros dos aportes que se realizan desde el Estado a la Iglesia católica son a parroquias de frontera y a seminarios de formación de sacerdocio. Al respecto, el obispo aseguró que “también serán rescindidos” y comentó que se comenzaron acciones para el sostenimiento de las diócesis más pequeñas del país. 

“Creo que esto nos da más libertad a todos y especialmente a la Iglesia para cumplir nuestra misión”, sostuvo en diálogo con Ponete al Día por Radio Universidad. 

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