Más de 8 millones de jubilados están bajo la línea de la indigencia en Argentina
El deterioro de los salarios, la disparada de la inflación, la suspensión de la ley de movilidad y de los créditos de Anses afectan de lleno a los jubilados y pensionados que cobran la mínima.
Desde la oficina de la Defensoría de la Tercera Edad aseguran que en enero de 2024, más de ocho millones de jubilados se encuentran bajo la línea de indigencia.
Pese a que el Gobierno anunció que entregará una suma extra de $55 mil para los haberes mínimos, esto no ayuda a quienes cobran el monto más bajo de la escala para alcanzar el monto de la canasta básica alimentaria.
La inflación en torno al 30%, la liberación de tarifas, la suspensión de la ley de movilidad y de los créditos de ANSES, sumado a la reducción del 0,4% del PBI en el presupuesto destinado a la seguridad social, generaron un fuerte impacto en el sector pasivo en las últimas semanas.
Según publica este lunes el diario perfil.com, con el bono de enero, un jubilado que cobra la mínima tendrá en sus bolsillos $160 mil pesos, poco más de la mitad de la canasta básica que la Defensoría de la Tercera Edad calculó para octubre, sin contar la inflación del 12,8% en noviembre,un 30% en diciembre y enero que sería aún mayor.
“Tenemos 8 millones de jubilados que no están bajo la línea de pobreza, están bajo la línea de indigencia”, afirmó Eugenio Semino, titular de la Defensoría, en diálogo con perfil.com.
El Gobierno anunció la decisión de “otorgar una ayuda económica previsional por un monto máximo de $55 mil para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $105.712,61”.
El bono será inferior para quienes cobren un poco más de ese monto, pero siempre hasta alcanzar el tope de $160.712,61. También anunciaron un complemento adicional de $22.207 para los jubilados que cobran haberes mínimos que no hayan necesitado moratoria para jubilarse y que cuenten con más de treinta años de aportes efectivos.
Además, la ley “ómnibus” enviada por el Gobierno al Congreso por el gobierno de Milei prevé la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria y que los aumentos sean determinados por el Ejecutivo hasta que la norma se reemplace.
“Dentro de los 5 puntos que el Estado pretende achicar del gasto público hay medio punto que es de la seguridad social. Entonces, ¿cómo hace para mejorar la situación y a la vez hacer el ahorro? Es un contrasentido. La situación es desesperante, pero no es percibida", afirmó Semino al referirse a la situación de los pasivos argentinos.
“El haber jubilatorio, cuando lo desglosás por día, son 5000 pesos de los que disponés para pagar la vivienda, la comida, los medicamentos”, explicó el gerontólogo. El 19% de la canasta básica de un jubilado se destina a medicamentos, que en los últimos dos meses aumentaron 85%.
Además, la vivienda representa un 27,6% de la canasta que la Defensoría calculó en octubre, mientras que los alimentos se llevan el 20,5% de ese presupuesto que actualmente los jubilados no tienen.
“Hoy ya no tenemos un sistema previsional, tenemos un subsidio por la edad que lo decide el funcionario de turno y que nada tiene que ver con la historia laboral de la persona”, agregó el Semino.
“La gente se está muriendo, no se puede apelar a que los ayude la familia, la familia también está en crisis. Las familias que podían solventar una internación, porque PAMI no está internando hace meses, hoy no pueden hacerlo”, detalló el especialista en relación a la falta de atención en salud y al aumento del 400% que sufrieron en el último año los geriátricos.