El Gobierno nacional determinó este jueves el cierre de nueve sucursales del Banco Nación en el ámbito de la provincia de La Pampa, como respuesta a una ley que grava excepcionalmente -por cuatro meses- la actividad financiera con el objetivo de garantizar una canasta de alimentos al sector más golpeado por el salto inflacionario de diciembre.

La semana anterior el Banco Nación había resuelto el cierre de la Gerencia Zonal de La Pampa ante la decisión de la provincia de elevar la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos, pasando del 9,1% al 15,47% por un período de cuatro meses.

En La Pampa el BNA posee una cartera de créditos de unos 100 millones de dólares, lo que duplica los depósitos que tiene en la provincia.

Hasta el momento son 202 empleados que operan en las 14 sucursales, de las cuales Nación dio de baja 9. Hay incertidumbre por parte de los trabajadores. El gremio La Bancaria está en situación de alerta y asamblea.

Qué comunicó el BNA

“Cabe recordar que el gobierno de La Pampa promulgó la Ley Provincial N° 3575, en la que estableció la duplicación del impuesto a partir del 1/9/2024 sobre los créditos que desembolsa el Banco Nación en esa provincia”, expresa el comunicado oficial de la entidad para justificar el cierre del 60 por ciento de las sucursales en el territorio.

Por ese motivo, los directivos del banco dispusieron el cese de actividades en las sucursales de Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatraché, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica.

El presidente del BNA, el cordobés Daniel Tillard, aseguró que “la incidencia de los impuestos locales iguala el gasto en la nómina salarial del personal, lo cual termina siendo una imposición sobre la presencia territorial. La decisión de La Pampa implica aumentar el gasto impositivo en $350 millones”.

“Queremos dejar en claro que estos tributos no gravan al Banco Nación, sino que terminan siendo un impuesto a los créditos. Por tal motivo, resolvimos no mantener nuestra Zonal en la provincia de La Pampa”, agregó el otrora hombre fuerte de Bancor durante las gobernaciones de Juan Schiaretti en Córdoba.

El conflicto tiene su punto de origen en lo que se ha denominado “aporte solidario”, con el que el Ejecutivo provincial busca recaudar un fondo para garantizar una canasta de alimentos para quienes se encuentran excluidos de la economía. 

“Son momentos de solidaridad con los que menos tienen. El sistema financiero puede hacerlo, ha tenido ingresos extraordinarios. Se trata de un esfuerzo de sólo cuatro meses y es para garantizar el acceso a los alimentos de las familias vulnerables que tanto sufren este modelo económico de exclusión”, dijo este jueves Pascual Fernández, ministro de Gobierno y Asuntos Municipales.

El proyecto de “aporte solidario” fue promovido por el gobernador Sergio Ziliotto (PJ), quien viene elevando el perfil en su rechazo a las políticas que despliega Casa Rosada.