La Fiscalía que investigó el presunto abuso sexual del ex gobernador de Tucumán y Senador Nacional en uso de licencia, José Alperovich, pidió este martes que el expediente se elevado a juicio oral y público.

La solicitud es realizada por la Fisclía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.

En el dictamen, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideraron que el imputado debe responder por tres hechos de abuso sexual -dos de ellos cometidos en grado de tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal. “En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, indicaron, según publica el sitio Fiscales.gob.ar.

De acuerdo al escrito, “quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”. Los primeros abusos ocurrieron a mediados de diciembre de 2017 y persistieron hasta diciembre de 2018, explicó la fiscalía.

Alperovich fue denunciado por su sobrina en noviembre de 2019, sin embargo siguió ejerciendo como Senador Nacional hasta junio del 2021 cuando sus pares aprobaron el pedido de licencia. Foto: unosantafe.com.ar

En los argumentos, se manifiesta que ninguna investigación judicial de violencia sexual sobre una mujer “puede catalogarse como seria y exhaustiva si no toma en consideración las desigualdades estructurales entre varones y mujeres, propias del sistema patriarcal, y si no se hace cargo de analizar el impacto de esas inequidades en el caso concreto”.

Vismara y Labozzetta explicaron luego que los primeros abusos ocurrieron a mediados de diciembre de 2017 y que persistieron hasta diciembre de 2018.

Para el MPF, debe tenerse en cuenta la asimetría que había entre Alperovich y la denunciante: la relación familiar que tenían; la diferencia de edad; la situación de dependencia laboral; el posicionamiento político y social del acusado, ya que Alperovich es “un reconocido político, con enorme influencia a nivel provincial y nacional, que gobernó durante años la provincia de Tucumán”.

“En este sentido, no perdemos de vista que los elementos colectados dan cuenta del contexto de permanente control y humillación en el que se desenvolvía esa relación, el constante tono imperativo de él hacia ella y la naturalización del entorno de frases obscenas proferidas por él y dirigidas a ella y a otras personas”, destacaron.

Vismara y Labozzetta explicaron lo que significaba, para este caso en concreto, el estado de cautividad que padecía la víctima y que tenía la particularidad de estar condicionado por la subordinación económica, social, psicológica, legal y política, así como la fuerza física.