En el marco de los intentos por controlar el aumento inflacionario y luego de haber fijado el congelamiento de 1.432 productos por 90 días, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 745/2021 por el cual se convoca a intendentes e intendentas y gobernadores y gobernadoras de todo el país a fiscalizar y controlar el cumplimiento de la medida, en conjunto con las autoridades nacionales.

La medida establece además que la tarea de control deberá coordinarse entre intendentes y gobernadores de cada jurisdicción "conforme a las normativas provinciales y municipales"  y que la Secretaría de Comercio Interior de la Nación será la encargada de brindar "a las autoridades municipales la asistencia técnica y la cooperación que le sean requeridas en el marco de lo dispuesto en el presente decreto".

También deja fijado que en el caso de las autoridades municipales "se ajustarán al procedimiento y las acciones previstas en los artículos 10 y 12 de la Ley N° 20.680, mientras que el juzgamiento de las infracciones corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación".

Para el caso de gobernadores y gobernadoras la convocatoria es para "realizar el control y juzgamiento de las disposiciones establecidas en la Resolución Nº 1050/21 de la Secretaría de Comercio Interior o las que en el futuro la prorroguen, amplíen o reemplacen, en el ámbito de sus competencias".

Entre los considerandos del decreto, se afirma "que resulta prioritario garantizar el cumplimiento de dicha medida o las que en el futuro la prorroguen, amplíen o reemplacen, para asegurar el bienestar de los y las habitantes del país de modo uniforme en todo el Territorio Nacional" y además que "las infracciones a dicha norma afectan los derechos e intereses económicos de las ciudadanas y los ciudadanos y de la Nación".

El decreto se firmó luego de la reunión convocada por el Gobierno Nacional con gobernadores provinciales, en la que se puso a consideración el congelamiento de precios de cerca de 1.500 productos y se solicitó la colaboración de los titulares de las distintas administraciones provinciales para el control del cumplimiento de la medida que rige por 90 días, en el marco de la decisión política para intentar morigerar los incrementos de precios registrados en los últimos meses y decididos por las principales empresas productoras del país.

Por ahora la medida rige en las grandes cadenas de supermercados, pero aún no están incluidos ni los almacenes de barrio ni los supermercados chinos, que solicitaron igualdad de tratamiento para poder competir con las grandes superficies.