Carlos Fuentealba era maestro de química, física y matemática. En 2007 tenía 41 años y daba clases en el CPEM N°69 en Neuquén capital. Durante ese año los docentes neuquinos nucleados en el gremio de ATEN se encontraban en plena lucha contra el gobierno provincial por los bajos salarios y las pobres condiciones laborales.

El 4 de abril los docentes se preparaban para una fuerte movilización y corte de la ruta 22 sobre la localidad de Arroyito en aquella provincia sureña. En contrapartida, el gobierno de Jorge Sobisch se había propuesto desactivar la marcha y para ello empleó una feroz represión.

Cuando ocurrieron los primeros ataques con balas de gomas de la Policía, Carlos se refugió en el Fiat 147 de un compañero. En ese momento fue alcanzado por un granada de gas lacrimógeno que impactó de lleno en su cabeza. El tirador fue el cabo José Darío Poblete, miembro del grupo especial Zapala, quien disparó un proyectil de gas lacrimógeno a menos de 7 metros de distancia. 

Luego de agonizar en el pavimento de aquella trágica ruta 22, una ambulancia trasladó a Fuentealba hasta el hospital Castro Rendón, donde murió al día siguiente.

La búsqueda de justicia

El tirador responsable de la muerte de Fuentealba fue el policía Darío Poblete. El primer juicio que le siguió a la causa comenzó en junio de 2008 y terminó el 8 de julio de ese mismo año. Declararon docentes, agentes de las fuerzas de Seguridad y hasta el ex gobernador Sobisch.

Luego de muchas audiencias, la Justicia encontró culpable del delito de homicidio calificado al oficial Darío Poblete y lo condenó a cadena perpetua.

En paralelo al primer juicio comenzó la que fue conocida como la causa Fuentealba II en donde se intentó demostrar las responsabilidades políticas por el asesinato de Carlos. Ese juicio finalmente se llevó a cabo en junio del 2023.

El tribunal de este segundo juicio encontró responsable y culpable a seis policías y ex funcionarios que comandaron el operativo y la represión del 4 de abril de 2007. Los condenados fueron Adolfo Soto y Moisés Soto, Carlos Zalazar, Jorge Garrido, Mario Rinzafri y Benito Matus. Este último por abuso de armas agravado, mientras que los cinco primeros por el delito de abuso de autoridad.