Secuestraron a una niña de 12 años abusada por su padre que había solicitado abortar

El Gobierno de Santa Fe y la Justicia provincial iniciaron el lunes la búsqueda de una niña de 12 años que denunció a su padre por violaciones reiteradas. La menor de edad, acompañada por su madre, pidió un aborto, pero no se presentó en el centro de salud contactado para someterse a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La denuncia se vincula a otra investigación iniciada el 19 de diciembre en la localidad de Garibaldi. En esa oportunidad, la nena fue a un centro de salud del pueblo ubicado en el departamento Castellanos. Acompañada por su madre, reveló que su padre había abusado de ellas en varias ocasiones y por eso estaba en proceso de gestación.

A partir de la apertura de esta causa en la Fiscalía de San Jorge, la niña dijo que no quería continuar con el embarazo. Su mamá apoyó la decisión y expresó su consentimiento, de acuerdo a la normativa vigente. A partir de allí, comenzaron los preparativos para recibirlas en la ciudad de Santa Fe, unos 120 kilómetros al este de la localidad.

Para llevar a cabo la IVE, el viernes pasado le asignaron un turno a la niña en el Nuevo Hospital Iturraspe. Sin embargo, este lunes ni la menor ni su mamá concurrieron al centro de salud.

Ante la ausencia, las autoridades empezaron a buscarla y en el pueblo les avisaron que la familia fue contactada por integrantes de Grávida, una organización antiderechos que se opone al aborto, y realiza un trabajo similar al del Portal de Belén en Córdoba.

En paralelo con el trabajo de la Justicia, el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe abordó el caso a la par de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo. La principal hipótesis en torno a la búsqueda es que la asociación civil católica las llevó a una clínica privada de la capital.

El abuso intrafamiliar y las ‘organizaciones’ antiabortistas

El embarazo de la nena de 12 años se confirmó a partir de una denuncia de abuso sexual conta su padre.Tras la desaparición de su hija, Gustavo A. (42) pasó dos semanas prófugo en el marco de la investigación en el departamento Castellanos. 

El lunes por la tarde detuvieron al depravado progenitor en criadero de chanchos de Recreo y quedó a disposición de la fiscal Alejandra del Río Ayala.

De acuerdo a fuentes consultadas por el diario UNO, el sospechoso tiene antecedentes de acusaciones por violencia de género. El último expediente indica que la familia vive en una zona rural de Garibaldi y la niña estaba en contexto de alta vulnerabilidad socioeconómica.

Según testimonios recogidos por los investigadores, integrantes de Grávida “invitaron” a la nena y a su madre a una misa en la vecina localidad de María Juana. Desde entonces, la Justicia no pudo contactarse con ellas y se desconoce en qué estado se encuentran.

En las últimas horas, fuentes oficiales confirmaron que la niña estaba en una sede de la organización ubicada en 9 de julio 2663 conocida como “Casa Hermanas de Betania” ubicada sobre 9 de Julio al 2600.

La responsabilidad del estado ante las fundaciones antiderechos

Ante la gravedad de la situación, la abogada Sofía Gandur, integrante de la asociación Mujeres por Mujeres, cuestionó el accionar del Estado en el caso. "La asistencia estatal tiene que ser permanente. Si estamos hablando de personas en situaciones de vulnerabilidad, el Estado no puede conformarse con dar un turno y desentenderse de su salud y de su propia vida, porque el agresor podría haber vuelto. A esa niña había que resguardarla. El estado la ha vuelto a abandonar", expresó según publica Ayres de Santa Fe.

Además, la letrada subrayó que se rompió el secreto profesional al que tenia derecho la víctima. "Yo me pregunto cómo es posible que se filtre la información de que una niña había asistido a un hospital público a requerir la atención sanitaria que le corresponde por ley. Cómo se filtró eso a una institución privada que no tiene nada que ver con la prestación del servicio sanitario", agregó.

Por otro lado, Gandur sostuvo que las falencias en la asistencia no pueden justificarse manifestando que ley de aborto voluntario lleva poco tiempo de sancionada. "El acceso por causales es legal desde 1921(tiene más de un siglo). Esta niña tenía derecho a acceder antes de la ley de 2021. Estos procedimientos por causales (violación o que existe peligro de vida) deberían estar aceitados hace mucho tiempo", explicó.

La letrada recordó los procedimientos establecido por la ley 27.610 para interrumpir voluntariamente un embarazo: “La persona asiste a cualquier centro de salud público o privado, solicita la interrupción que es voluntaria. No se necesita invocar causales y solamente tiene como límite el tiempo. Simplemente firma un consentimiento informado y accede a la práctica. Tiene derecho a un trato digno, a la confidencialidad y al secreto profesional. Nada de lo que ella diga en esa consulta médica puede ser requerido por ninguna autoridad policial, judicial o fiscal de cualquier tipo", enfatizó la abogada.

"También firma un consentimiento informado, se evalúa la edad gestacional y se accede a la práctica de la misma manera. En este caso, todo lo que diga también está resguardado por el secreto profesional y nadie puede requerir sus datos ni su historia clínica. Nada puede salir de la consulta médica”, concluyó Gandur, apuntando contra quienes tuvieron contacto con la niña y, por supuesto, contra las organizaciones para-estatales que siguen incitando a no cumplir una ley del Estado argentino.