El expresidente Alberto Fernández había firmado un decreto que pretendía extender sus beneficios de custodia más allá del territorio nacional, sin tiempo de caducidad. A pesar de que se anunció la derogación del decreto, el Gobierno aún no oficializó la medida. 

Vale recordar que Fernández tiene planeado permanecer en el exterior, en España más precisamente, por ende se estima que buscó contar con esa cobertura. Ayer miércoles la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció la derogación del decreto a través de un posteo en X. 

“¡Se terminan los privilegios de la clase política! Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos”, había escrito la ministra en la red social X. 

Sin embargo, pese a que se anticipaba que el decreto de derogación iba a ser publicado en el Boletín Oficial hoy, eso no ocurrió. Motivo por el que se despertaron aún más dudas respecto a la aplicación de la normativa. 

Ante las consultas, el vocero presidencial Manuel Adorni no brindó mayores precisiones, por lo que se esperan novedades respecto de la vigencia del decreto que el expresidente firmó un día antes de dejar el cargo ejecutivo. 

El decreto de Fernández fue duramente criticado, por propios y extraños. Las principales críticas se centraron en la oportunidad de la medida, apenas un día antes de la salida de Casa Rosada. 

Quien había motorizado la demanda judicial fue la Fundación Apolo, ligada al partido Republicanos Unidos. Este espacio se referencia en el ahora ministro porteño Roberto García Moritán.

El escrito, que calificaba el decreto como “irrazonable”, pedía que el tribunal ordene al Ejecutivo o a la autoridad pública que tome parte del asunto con el fin de cesar y/o abstenerse de aplicar la medida.