La represión desatada en la ciudad de Buenos Aires durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001, marcaría el final de la presidencia y de la carrera política del entonces mandatario radical Fernando de la Rúa. 

Además dejó el saldo de 39 muertos y 500 heridos en todo el país. 

A casi 21 años del estallido social, el Senado aprobó un “beneficio extraordinario, a través de sus herederos o herederas o derechohabientes, o por sí, según el caso, a las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones gravísimas” durante la represión. 

El texto fue impulsado por el Gobierno nacional y ahora pasará a Diputados para su sanción definitiva. 

“Se puede afirmar que, el entonces Poder Ejecutivo, y las instituciones del Estado, fallaron en su deber de asegurar la vida, la integridad y la libertad de expresión de los y las habitantes”, señala el proyecto que consiguió 37 votos afirmativos, sin la presencia de los senadores de la UCR, quienes no bajaron al recinto en rechazo por el tratamiento de las designaciones en el Consejo de la Magistratura.

Y añade: “Ninguna ley podrá reparar la pérdida de tantas vidas, ni paliar el profundo dolor de las víctimas. No obstante, es deber del Estado Nacional considerar, al menos, como en el presente Proyecto de Ley, la reparación pecuniaria pertinente, como parte de la reparación integral que merecen las víctimas, sus familiares y la sociedad argentina en su conjunto”.

La iniciativa había sido dictaminada a mediados de año y no estaba incluida en la sesión especial en la que se aprobó el Presupuesto 2023, pero la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) propuso la moción para tratar el tema sobre tablas.

"Sabemos que una compensación económica no devuelve a la vida a las personas que la perdieron en la gravísima represión sufrida por los ciudadanos ese 19 y 20 de diciembre de 2001", dijo Fernández Sagasti y destacó que "la reparación debe ser integral, tal como el Estado hizo con los familiares de los marinos del submarino ARA San Juan y con las víctimas de la explosión de los arsenales de la ciudad de Río Tercero". 

"A casi 21 años de esa represión, es fundamental que el Congreso reconozca a las víctimas y a sus derechohabientes", concluyó.

Fuente: Data Clave.