Viaje a Lago Escondido: el Gobierno denunció penalmente a jueces federales y empresarios

El Gobierno Nacional denunció hoy a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado, por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas", según se informó oficialmente.

El escándalo estalló a mediados de octubre cuando trascendió públicamente el viaje, a partir de una publicación del diario Página 12, luego de que trascendiera un documento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que consignaba la llegada del vuelo con sus ocupantes.

Luego, los jueces federales, los empresarios, el jefe de los fiscales de CABA y el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Dalessandro, crearon un grupo de whatsapp para intentar modificar los pagos realizados, operar a los medios de comunicación y hasta la propia fiscal ante la que se presentó la denuncia, que luego se conocieron tras una filtración.

Entre los jueces federales que viajaron y crearon el grupo de whatsapp, para desactivar la información que los involucraba, tienen o tuvieron que decidir en varias de las causas en las que está involucrada CFK, como también beneficiaron con sus fallos al propietario de Lago Escondido, Joe Lewis y al grupo Clarín, en diferentes causas.

"Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento", se indicó en un comunicado oficial.

En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación, sin perjuicio de que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas, se denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas a: 

● Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10. 

● Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. ● Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2. 

● Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

 ● Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

● Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Mientras que sindica por ofrecimiento de dádivas a: 

● Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín. 

● Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis. 

● Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). 

● Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política. Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San 1 Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido. 

Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas. 

El comunicado estipular que según la información que tomó estado público, una vez concluido el vuelo, la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido. 

El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”. 

Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos. 

“Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política”.