Una de las formas de violencia más naturalizadas es la falta de reconocimiento de los derechos de las personas gestantes antes, durante y después del embarazo. La violencia obstétrica es un problema no menor en el país y que exige visibilización. Los últimos datos reflejan que casi 9 de 10 personas que atraviesan situaciones que vulneran sus derechos, no realizan ni siquiera la queja ante algún organismo estatal. 

En 2004 se sancionó en el país la ley 24.929 de “Protección del Embarazo y del Recién Nacido”, también conocida como Ley del Parto Respetado. Pero recién en 2015 se reglamentó. Pese a su vigencia, es bajo su cumplimiento, situación que empeoró con la pandemia. 

Esta ley establece una serie de derechos para las personas gestantes y los recién nacidos, y además obliga a prepagas, obras sociales y el sistema público de salud a brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo. Sin embargo, los últimos datos que relevó el Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA) no son alentadores. 

La evidencia indicó que "un alto porcentaje de las mujeres atraviesan el nacimiento de sus hijos e hijas en un ambiente hostil". De las pocas personas que se animan a realizar una queja, el 93% manifiesta haberlo hecho para evitar que otras deban atravesar situaciones similares. Además, el 48% de quienes iniciaron la queja, no recibieron ninguna respuesta por parte de los organismos.

¿Cuándo se habla de Violencia Obstétrica?

La violencia obstétrica puede adquirir tres formas: el trato humillante y denigrante, el abuso de la medicalización y la patologización innecesaria. Cada persona que atraviesa el trabajo de parto puede sufrir alguna de ellas, o incluso más de una simultáneamente. 

"Como es además una violencia socialmente legitimada, estos síntomas suelen vivirse en completo silencio o invisibilidad, incluso asumiéndolos como algo normal, lo que agrava el impacto negativo en las mujeres", sostienen desde la OVOA.

Además, este tipo de violencia se manifiesta mediante prácticas, conductas, acciones y omisiones, que el personal de salud ejerce de manera directa e indirecta, en el ámbito público y privado, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las personas gestantes.