El fiscal Carlos Gonella, a cargo de la denominada causa Lapana que involucra a los dueños de la cadena de panaderías investigados por presunta asociación ilícita fiscal, solicitó este miércoles la condena de 5 personas acusadas de "asociación ilícita fiscal".

Los acusados están señalados junto a cuatro empleados y un analista de sistemas de, a través de un sistema de franquicias comerciales, mantener un sistema de contabilidad paralela con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad económica que la que efectivamente ponían de manifiesto ante la AFIP.

La causa se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba, donde comenzaron los alegatos del fiscal.

Pablo Sebastián Martinat y Fernando Pautassi , dueños de Lapana al momento de los hechos- llegaron a esta instancia acusados como organizadores y coautores, mientras que Andrea Sánchez, Gastón Fernando Olivero y Diego Sabulsky, empleados y empleadas de la empresa, fueron considerados coautores integrantes. 

En tal sentido, Gonella indicó que la fiscalía "acusó a los dos jefes (Martinat y Pautassi) la pena de pena de 5 años y seis meses de prisión para el primero y de 5 años para el segundo". En tanto, el fiscal informó que se solicitó "la absolución de Gabriela Escudero, quien venía acusada como parte de la asociación ilícita".

El juicio lo lleva adelante de forma unipersonal la magistrada María Noel Costa. En la primera audiencia, se leyeron las acusaciones tanto del Ministerio Público Fiscal como de la querella en representación de la AFIP y luego se interrogó a los acusados y acusadas en relación a sus datos personales. En la próxima audiencia, pautada para el miércoles 11 de mayo, los y las imputadas podrán ejercer su derecho de defensa. 

El caso

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal Enrique Senestrari, desde una fecha no determinada hasta el 2 de agosto de 2013, Pablo Martinat y Fernando Pautassi organizaron una asociación con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad económica que la que efectivamente ponían de manifiesto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, todo ello en el marco de la actividad de producción y distribución de productos de panadería, como también otorgamientos de franquicias de la firma “Lapana”.

Para ello, se valieron de distintas personas jurídicas, entre las que se encuentran Gastro Argentina SA, La Cía Panes y Cafés SA, Paf SA y Gon SA. En ese contexto, llevaron a cabo distintas maniobras de ocultamiento y registración de operaciones comerciales, entre las que se incluían la disposición de un sistema de franquicias de panaderías como modo de expansión de su actividad comercial. Así, establecieron distintos comercios a los cuales proveían de todos los productos que comercializaban.

De esta manera, acordaban con los beneficiarios de las franquicias la venta de productos de carácter marginal denominadas “ventas del sistema 2”, que promediaron el veinticinco por ciento de las compras que efectuaba cada franquicia. Para facilitar la elusión de los controles fiscales, se instaba a que cada franquiciado abonara mediante pago bancario las compras correctamente facturadas y que luego abonasen en efectivo las compras que excedían el valor de la factura en las oficias de Gastro Argentina y La Cía Panes y Cafés. 

Dentro de este esquema, los acusados habrían convenido con los beneficiarios de las franquicias el pago por el uso de la marca, al que se referían como “fee”, de carácter marginal, y las cuales promediaron el tres por ciento de las ventas, y computaban en efectivo. Además, de acuerdo a la acusación, alentaron, Martinat y Paulassi aconsejaron a sus franquiciados a aserorarse con un mismo estudio contable, para de esta forma unificar su respuesta ante los requerimientos que le efectuaba el fisco, ocultado la verdadera situación económica y patrimonial de cada uno de ellos.

Al mismo tiempo, según el requerimiento, los acusados dispusieron que sus empleadas, Andrea Sánchez y Gabriela Escudero -encargadas del área contable de la firma- realizaran las gestiones de cobro del “fee” y de los productos vendidos a los franquiciado. En cada caso, impartieron instrucciones de cómo efectuar los pagos de las compras que habían realizado, discriminando los montos a abonar de manera formal y de los que se deberían pagar de manera marginal. También contrataron los servicios de Diego Sabulsky, encargado de desarrollar el sistema informático contable con el que se registraron todas las operaciones comerciales tanto formales como marginales, y también para que, en caso de que se lo solicitase, borrara todos los registros del sistema. 

En relación a esto último, se estableció que Gastón Olivero, encargado del trato con proveedores, fuera la persona encargada de soliticar a Sabulsky que borrase los registros en caso de ser necesario y alertase a los franquiciados cuando personal de la AFIP inspeccionara alguna de las franquicias y, llegado el caso, les indicase que emitieran la mayor cantidad posible de tickets con el controlador fiscal.

Fuente: Jorge Vasallo (Periodista SRT).