Que los cambios que busca imponer la oposición a la Ley de Alquileres tienen a desarrollistas e inmobiliarios como beneficiarios, no es novedad.

Bajo el argumento central de que la norma “sacó del mercado” a una gran cantidad de propiedades, en la sesión especial de este miércoles de la Cámara de Diputados obtuvo media sanción su modificación, con singulares características.

¿Los principales perjudicados? Las casi diez millones de personas que deben alquilar viviendas para vivir.

En concreto, todos los artículos que se buscan cambiar tienen como epicentro los cuestionamientos de propietarios. Y en tiempos de crisis, el peso lo cargará la parte más débil de la negociación.

Con insistencia se cuestionó aquello que estas modificaciones introducen nuevamente, en referencia a las actualizaciones de valores, "según las partes acuerden". La imposición de dueños y corredores es la norma histórica que se desconoce.

Hoy el índice de incrementos de un contrato en marcha estaba trazado entre la inflación y la suba de salarios. La propuesta aprobada ayer en la Cámara Baja apunta a lo que "convengan" inquilino y propietario. Se podrán “aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices”.

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Como si fuera poco, se busca que las modificaciones en los precios se pueda realizar cada cuatro meses, a sabiendas de que hoy está vigente que la suba es anual.

No fueron pocas las voces que le apuntaron a legisladores que integran el bloque de Juntos por el Cambio, que en sus declaraciones juradas cuentan con propiedades para alquiler.

Entre los cambios que se proponen, además, se intenta que los contratos tengan una duración de dos años, contra los tres que impone la Ley actual.

El proyecto tampoco dejó de apuntar a beneficios, también para dueños. Se dejó de lado asumir de qué forma, en tiempos de crisis, se colaboraría con inquilinos.

Por caso, habrá un régimen de Monotributo para que quienes tengan hasta tres unidades de explotación, siempre enmarcado en "la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados" se considere como "una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma".

En caso de hacerse ley, se eximirá de Bienes Personales a los inmuebles que se alquilen, y se modificará el impuesto al cheque, exceptuando a cuentas corrientes y cajas de ahorro "utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados".

La legisladora porteña Ofelia Fernández, consecuentemente cercana a nociones que son parte del día a día de las mayorías, cuestionó que la política se haya metido de lleno en el tema, y puntualizó: “Todavía falta que lo discuta el senado, así que evidentemente nadie va a querer firmar un puto contrato alquilando su propiedad esperando a ver si se confirma o no este nuevo marco: más caos”.

Con final abierto, ahora la Cámara de Senadores deberá evaluar en el recinto si tales modificaciones tienen curso y se convierten en Ley.