Si bien la noticia recién trascendió en la jornada del martes, se conoció que el pasado 30 de agosto, un integrante de la junta directiva de Uepc Capital, junto a otras 49 personas de otras provincias y de Córdoba, fueron detenidas e imputadas por delitos relacionados con en el abuso y la explotación sexual infantil.

Ese día se llevaron adelante diversos operativos en barrios de la ciudad de Córdoba y en el interior de la provincia, en los que se detuvo a cuatro personas, entre las que se encontraba Alfredo Díaz, vocal titular en el Consejo Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc).

Ante esta situación, la Junta Ejecutiva Central de UEPC expresó en un comunicado que dispuso “la inmediata suspensión de la afiliación a la organización y el cese de sus funciones gremiales”, al tiempo que repudió y condenó los hechos y .exigió “que la justicia actúe en pos del cuidado de los derechos de niñas, niños y jóvenes”.

Paralelamente, la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de la ciudad de Buenos Aires que llevó adelante la investigación y ordenó los procedimientos, realizó allanamientos en otros puntos del país, en los que se detuvieron a otras 46 personas. 

En todos los allanamientos se logró el secuestro de una gran cantidad de computadoras, celulares y equipamiento electrónico, que ahora será peritados y luego utilizados como elementos de prueba para la causa.

Todos los detenidos quedaron imputados por la presunta comisión de los delitos de facilitación de representaciones de abuso y explotación sexual infantil y tenencia de representaciones de abuso y explotación sexual infantil, agravados por la presencia de menores de 13 años y en calidad de supuestos autores.

En el caso de los delitos de tenencia y facilitación de representación de abuso y explotación sexual infantil agravada, se establece un mínimo de 4 años de prisión y un máximo de 9 años.

Los operativos se concretaron en el marco de la “Operación Internacional Aliados por la Infancia”: la primera acción internacional concebida y coordinada desde Argentina para combatir la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

El fiscal del Cibercrimen de Córdoba, Franco Pilnik señaló que tanto Díaz como los otros tres detenidos en la provincia, declararon como imputados y está para resolverse su situación procesal.

El funcionario judicial explicó que la figura de facilitación de material de abuso sexual infantil “implica que se involucran a menores en una actividad sexual explícita o bien que se representan sus partes genitales con una finalidad exclusivamente sexual”.

Agregó que a partir de alli, “la facilitación se da por el uso de un programa informático que permite compartir el material de `par a par´, es decir que en vez de pasar por un sitio de internet, cada computadora funciona como un servidor”.

Pilnik añadió que a estas personas detenidas, "se les atribuye el hecho de haber descargado el material y haberlo facilitado para que terceros lo consuman desde su propia computadora". Paralelamente, el fiscal descartó que haya producción local ni propia de los detenidos e imputados. “Hasta ahora no hay ningún indicio”, remarcó.

Franco Pilnik, Fiscal del Cibercrimen de Córdoba. Entrevista de Jorge Vasallo.