Juan Carlos Barrera y Adrián Cuello, dos efectivos del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) que cumplían funciones en la cárcel de Villa María, fueron detenidos este viernes en dicha localidad, en operativos dispuestos por las fiscales Juliana Companys y Silvia Maldonado.

Según publica El Diario del Centro del País, a Barrera se le habrían secuestrado dos carabinas, una pistola, un revólver, gran cantidad de proyectiles y cartuchos de diferentes calibres, 28 chips de telefonía celular y 115.000 pesos en efectivo, que tendrían relación con delitos investigados; mientras que Cuello habría querido introducir ilegalmente tres celulares a la cárcel.

Repasa la citada hoja villamariense que la primera detención se produjo el viernes a las 14, cuando personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional Departamental General San Martín de la Policía aprehendió a Adrián Emiliano Cuello (de 49 años), cuando intentaba ingresar tres teléfonos celulares, con sus respectivos cargadores, al Establecimiento Penitenciario Nº 5.

Estas detenciones se desarrollan en el marco de la causa que investiga el escándalo por las irregularidades en las cárceles de la provincia de Córdoba.

Cuello se habría encontrado cumpliendo funciones como jefe de Mantenimiento y fue imputado por la fiscal de Instrucción del Primer Turno, Silvia Maldonado, como presunto autor de “cohecho”.

En tanto, la detención de Barrera se concretó en el marco de un triple allanamiento dispuesto por la fiscal de Instrucción de Segundo Turno, Juliana Companys, a partir de una denuncia efectuada por el mismo Servicio Penitenciario, a partir de un hecho delictivo ocurrido el 1° de diciembre.

En el primer operativo se habría secuestrado documentación y elementos vinculados a lo investigado. En tanto, en el segundo allanamiento, realizado en la vivienda de Barrera, se secuestró dinero, armas de fuego y proyectiles, y chips telefónicos, entre otros objetos que podrían vincularse a la causa. En el lugar fue detenido Barrera, a quien se lo imputó como supuesto autor del delito de “falsedad ideológica”.

El tercer allanamiento dispuesto por Companys se efectuó en la sede local del Centro de Desarrollo Regional (Ceder), en pleno centro de Villa María, donde los investigadores secuestraron más ­­­documentación vinculada con el caso.

Tanto a Barrera como a Cuello se los podría imputar también por otros delitos, como el de “incumplimiento de los deberes de funcionarios público”, en virtud de la tarea que desempeñan.