Córdoba: suspendieron el desalojo de 20 familias en Villa Rivera Indarte

La Justicia suspendió momentáneamente el desalojo de alrededor de 20 familias de Villa Rivera Indarte, en la ciudad de Córdoba, que iba a ejecutarse este miércoles a primera hora. Se adujo problemas climáticos y de seguridad para llevar adelante el operativo.

Se trata de un caso que cobró notoriedad tiempo atrás, cuando los propietarios de las viviendas fueron intimados a dejar el lugar porque los terrenos -que habían comprado de buena fe- fueron reclamados por quienes serían sus legítimos dueños, por lo que dichos vecinos habrían sido estafados.

Si bien, luego de la investigación de la Justicia, hubo algunos responsables detenidos, la causa siguió su curso y debían ser desalojados esta mañana a las 8.30.

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“Nosotros primero compramos el terreno con la documentación que teníamos; nos postulamos para el Procrear y en 15 días, después evaluada, esos documentos nos acreditaron ese plata, hicimos nuestra casa, nos vinimos a vivir y hace un año nos encontramos con esta orden de desalojo y que esos papeles estaban fuera de legalidad”, explicó una mujer identificada como Juliana.

En declaraciones a Canal 10 realizadas este martes, la entrevistada indicó que “en este año que tuvimos de juicio tanto el Estado como la Municipalidad, como el gobierno nos han dicho ‘chicos lo lamentamos ustedes fueron estafados. Se tienen que ir a donde puedan’ o sea la calle, ‘pero el crédito tiene que pagarlo los 30 años, toda su vida pagando un crédito’”, contó.

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Juliana sostuvo que hay otra familia en la misma situación: obtuvieron un crédito Procrear, con todo lo que eso implica, ya que el Estado nacional debió haber revisado minuciosamente los papeles de compra de los terrenos antes de otorgar el beneficio.

“Acá tenemos (el papel) donde dice que es para acompañar a la familia, el crédito que la Nación nos apoya y que están preocupados por el pueblo, pero claramente están preocupados por esos 30 años que vamos a devolver ese dinero que lo van a derrumbar mañana”, dijo la mujer.

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Por otro lado, Fernanda, contó que ella compró el lote justamente con la confianza de que había créditos Procrear aprobados. 

“El que me vende a mí fue Juan Carlos Ordóñez, Lui Vanni fue el que hizo los planos del lugar, planos que se me cobraron. Con total confianza se compró este espacio que justamente donde están ahora. Una parte está en el terreno privado que es de Quichariscas y la otra parte corresponde a un espacio municipal”.

A pesar de haber comprado de buena fe los terrenos, las familias tienen que desalojar sus viviendas en las próximas horas

“Me tengo que ir porque me van a cortar la casa en la mitad. El propietario, que es el síndico en realidad de Quichariscas, que es Aliaga, se ha negado totalmente al diálogo o a cualquier tipo de posibilidad. Que tenga un poco de piedad con todo este grupo”, pidió la mujer.

Y agregó: “mi situación es que me quedo con mi hijo en la calle y con mi familia cargo, que tengo tres menores más”, relató Fernanda.

En otro de los casos, Franca, remarcó que han pedido ayuda a todos los entes y dijo que “antes de que asumieran el puesto se comunicaron, y ahora que ya tienen puesto se borraron absolutamente todos”, en referencia a la Municipalidad, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y Derechos Humanos, entre otros.

“Hasta el día de hoy estamos esperando la respuesta de todos que van a hacer con nosotros”, reclamó la mujer.

Qué pasó con los presuntos responsables que estaban detenidos

De acuerdo a lo que contó otra de las presuntas damnificadas, identificada como Paula, “Ordoñez está detenido en su casa, con una prisión domiciliaria que no la respeta porque lo hemos visto deambular (…) y Vanni anda paseando por sus con su camioneta de Brigadas Vanni por todos lados y es más nos ha estado acosando en su momento", detalló la mujer.

En cuanto a la causa por las presuntas estafas, Paula señaló que “la parte penal de cerró y pasó a lo civil y lo civil liberó para que nosotros nos fuéramos. La jueza  (Patricia) Asrin, que es la que está a cargo del desalojo, no quiso hablar con nosotros”, sostuvo Paula.

Según el relato, la magistrada en su momento les dijo “que ella si ella se vuelve para atrás pierde credibilidad. No nos da posibilidades de defendernos, no nos escucha, nos tienen en la misma bolsa que los ladrones. Somos compradores de buena fe; hemos construido con todos nuestros ahorros y mañana nos estamos quedando en la calle”, concluyó la mujer.

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