Córdoba le puso precio a los bonos de carbono por primera vez en Argentina

Si una empresa emite más gases de efecto invernadero que los permitidos (mercados regulados) o los que se propone emitir (mercados voluntarios), ¿qué puede hacer para contribuir a mitigar el calentamiento global?

La respuesta elemental podría ser: “hacer las inversiones que se requieran para contaminar menos”; pero no siempre lo elemental es viable en el corto plazo; en algunos casos, ni siquiera existe como posibilidad. 

Tomemos por caso a una empresa minera que extrae carbón. Cada tonelada que extraiga y venda, irremediablemente tendrá efectos agregados al calentamiento por que el único destino para su producción es ser quemada produciendo energía. Mientras no se prohíba quemar carbón, esa empresa tendrá una huella de carbono muy alta. 

(La discusión sobre la prohibición de los combustibles fósiles, queda para otra oportunidad. Se asume aquí que se seguirán quemando pese a todas las advertencias de los científicos y los organismos internacionales).

Para ofrecer una alternativa en este problema se “inventaron” los bonos de carbono: son una estrategia internacional que debería servir para posibilitar una transición hasta el momento en que las nuevas tecnologías y formas de consumo posibiliten que el mundo sea neutral en sus emisiones de carbono.

Las empresas que contaminan pueden comprarle sus “ahorros” de emisiones a las empresas que invirtieron para emitir menos o a quienes trabajan para capturar los gases de efecto invernadero. 
Y así se establecen los “mercados de bonos verdes”: de un lado, empresas que no dejan de contaminar, pero pagan por hacerlo. Del otro, empresas que monetizan los ahorros de emisiones que generaron y de este modo contribuyen con rentabilidad adicional a los proyectos de reducción de emisiones.

Hay que decirlo: un mundo regido por este tipo de acuerdos no emite menos carbono ni se calienta menos: solo lo desplaza desde los que dejan de emitir a los que continúan haciéndolo. La ecuación debe incluir necesariamente reducciones y capturas de carbono si se quiere evitar que le temperatura promedio deje de subir.

Fácil de decir, difícil de hacer

No es tarea sencilla organizar esa “compraventa”. Para poder implementar un “mercado de bonos de carbono” se deben organizar con mucho cuidado infinidad de detalles.

Primero que nada, la entidad que “ahorró” el carbono debe poder demostrarlo y alguna entidad independiente debe dar garantías al resto de que el ahorro existió y es verificable. Una vez que esto ocurre, la empresa se hace acreedora de un “certificado” por el ahorro demostrado y pasa al equipo de los “oferentes”. 
Al mismo tiempo, debe poder certificarse que es lo que compensará quién compra el bono, los “compensadores”, para lo cual deberá haber determinado su Huella de Carbono (HC) y cuánto es lo que quiere o debe compensar. También estas cuestiones deberán estar certificadas.

Segunda cuestión, crucial: hay que tener garantías de que el “ahorro” se negocia una sola vez. O sea, un oferente podría venderle el mismo “ahorro” a varios posibles compradores al mismo tiempo sin que ninguno de ellos se enterase. Una forma de estafa ecológica.

Tercero, es muy importante que el precio al que se negocian los certificados sea justo para ambas partes, por tanto, debe estar instalado un mercado o por lo menos un mecanismo de subasta controlada por terceras partes para asegurar la transparencia.

Por último, detalle no menor, de algún modo debe asegurársele a quienes ofrecerán los bonos, que habrá compradores interesados para justificar el esfuerzo de certificar los ahorros.

La experiencia cordobesa

Para cubrir todos estos requisitos funcionarios de la provincia trabajaron durante meses, articulando empresas y cámaras empresarias, universidades, entidades certificadoras, proveedores de servicios, en fin, una multiplicidad de actores que debían actuar concertadamente. 
Así fue que se organizó la primera experiencia piloto de un mercado voluntario y restringido de bonos de carbono. El límite geográfico fue la Provincia de Córdoba, el límite institucional, el Ministerio de Servicios Públicos.

Para resolver el problema de las certificaciones fueron convocadas universidades públicas y privadas que, con asesoramiento del INTI, fueron las responsables de validar los ahorros de los oferentes y la huella de carbono de los compensadores.

Las trazabilidad e integridad de los intercambios se garantiza con tecnología de registro distribuido (blockchain), la misma tecnología que utilizan las criptomonedas, en este caso, con asiento en las redes públicas del BIDLab, el laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.

Para seguir las transacciones el Ministerio de Servicios Públicos desarrolló una plataforma que será administrada por actores externos al MSP a través de convenios suscritos con Carbon Neutral y The Carbon Sink, dos organizaciones especializadas en este tipo de transacciones.

Para garantizar que hubiera un buen número de compensadores, el Ministerio se ocupó de generar incentivos para que los contratistas de obra pública dentro de su órbita, como las propias dependencias e incluso los propios funcionarios, como actores privados, fueran postores en la subasta, que de este modo registró 127 interesados, de los cuales, el 55% fueron contratistas de obra pública.

Por el lado de la oferta, en la experiencia piloto podían inscribirse solamente oferentes del sector energético. Los 63 inscriptos correspondían a los 5 subsectores habilitados, según el detalle que se mostró durante la presentación de la subasta:

Significado y resultados

Para tomar dimensión de lo que representa una subasta de este tipo hay que decir que según el reporte del Banco Mundial “State and Trends of Carbon Pricing 2022” en abril de este año había, en todo el mundo 68 Instrumentos de Valuación de Carbono (CPI por sus siglas en inglés) y se proyectaba el establecimiento de 3 más. A escala piloto, la experiencia cordobesa sería la número 69.

La mitad de esas experiencias en realidad son casos de mercados regulados: aquellos estados en los que se ha puesto límites a las emisiones y se fija un precio por tonelada de CO2 equivalente emitida. El resto son mercados voluntarios, a donde queda inscripta nuestra provincia.

Resultado final: precios y volúmenes negociados

El resumen, proporcionado por el propio MSP indica que fueron comercializadas las 8400 Toneladas de CO2e, que se ofertaron a un precio promedio de 549 pesos por unidad (el precio máximo ofrecido fueron 800 pesos por tonelada) y se negociaron bonos por más de 4 millones y medio de pesos. A la cotización del día de la subasta, el precio promedio fue de unos 3.14 dólares por tonelada.

Si uno compara con la información disponible para mercados internacionales se puede ver que los precios negociados están en línea con los valores internacionales para este tipo de mercados: en 2021 se reportaba para la categoría “Energy Efficiency & Fuel Switching” un precio promedio de 1.99 U$S/tonelada. Eso sí, el volumen negociado en mercados voluntarios en 2021 superó los 10 millones de toneladas, de los que las modestas 8400 son menos de una milésima pero, recalcamos, fue apenas una primera experiencia piloto.

El costo de contaminar

Los 3 dólares por tonelada de gases contaminantes pueden ser mucho o poco según el cristal con que se mire.

Este año, un verdadero seleccionado de especialistas, estimó el costo global de cada tonelada equivalente emitida: 185 dólares, muy por encima de los mercados más regulados y estrictos, en dónde una empresa puede pagar casi la mitad (unos 90 dólares hoy en el mercado regulado europeo) para seguir contaminando. No hay comparación posible con los 3 dólares cordobeses.

Para los críticos, la iniciativa del Ministerio de Servicios Públicos debe computarse como parte de un esfuerzo general que permite continuar contaminando, pero con la conciencia tranquila, porque no hay en paralelo iniciativas que castiguen a las actividades contaminantes ni el impulso decidido a programas de reducción de emisiones. Greenwashing es la denominación genérica que se les da a estas prácticas.

Desde la mirada de la Provincia, alentar este tipo de iniciativas es precisamente colaborar para que los esfuerzos individuales de empresas que buscan reducir su huella de carbono tengan un estímulo adicional con una recompensa monetaria.

Ese fue el mensaje central del gobernador Schiaretti durante la presentación de la subasta, cuando dijo que la misma “expresa la participación de la sociedad cordobesa porque hay cerca de 68 oferentes que han tomado medidas para reducir la huella de carbono, y más de 120 interesados en entrar en la subasta y adquirir esa reducción”.

Entre oferentes e interesados, menos de 200 entidades. Parecen pocos, son un comienzo.