El pedido de elevación a juicio lo había realizado el fiscal de la causa, José Mana, el pasado mes de marzo, y en las últimas horas la jueza de control N°4, Anahí Hampartzounian, lo confirmó. Esto se debe a que la noche de la muerte de Blas Correa, desde el nosocomio les negaron atención médica primaria y los derivaron al Hospital de Urgencias.

Sergio Casalino, Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo son los tres empleados del sanatorio Aconcagua que deberán enfrentar la instancia de juicio oral. Al primero de ellos se lo imputa de “abandono de persona”, mientras que a las otras dos trabajadoras de “omisión de auxilio”.

Los tres serán juzgados por su accionar la noche en que Blas Correa fue disparado el 6 de agosto de 2020. Más precisamente por no haber permitido el ingreso del joven al centro de salud cuando sus amigos llegaron al sanatorio, y el joven estaba muy malherido.

Para determinar su culpabilidad, el fiscal ordenó pericias médicas interdisciplinarias practicadas por el Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médicas y sanitarias en Bioética perteneciente al Poder Judicial. También, se incorporaron dos peritos propuestos por los imputados. 

Es posible que los abogados defensores apelen para que, en última instancia, resuelva el caso la Cámara de Acusación.