Joaquín, Blas, José y 79 asesinatos policiales más
En Paso Viejo, el pueblo dónde hace un año fue asesinado Paredes, de 15 años, los familiares de víctimas del gatillo fácil se reunieron para reclamar Justicia.
Jugando a las bolitas en las calles de Paso Viejo y trampeando pájaros. Así recuerda Esteban Paredes a su nieto Joaquín “de 15 añitos”, asesinado de un disparo policial el 25 de octubre de 2020.
—Lo crié desde el vientre de mi hija— dice el hombre barrigón, de pelo y barba canosa que por momentos parece contener toda la tristeza de este pueblo marrón.
Son las cuatro de la tarde y el sol golpea sobre la plaza del pueblo mientras hablamos con Esteban que no se aguanta las lágrimas cuando piensa en su nieto.
—Yo lo estaría acariciando y abrazándolo y… ahora no puedo. Hace un año que estoy y… no puedo.
Dice el abuelo que es policía retirado y durante quince años estuvo designado justamente en la comisaría de Paso Viejo. El día que cinco policías dispararon a mansalva contra Joaquín y sus amigos, los vecinos recolectaron las vainas servidas de 112 disparos policiales. 112 tiros que se efectuaron esa madrugada en la que además de Joaquín resultaron heridos otros dos menores de edad, amigos de Joaquín.
—Escúcheme, ciento doce —murmura Esteban en el micrófono porque no le terminan de salir las palabras cuando la tristeza lo invada— ciento doce tiros han dísparado —repite con su tonada de traslasierra— ciento doce, ciento doce.
En más de veinte años de Policía alguna vez el abuelo de Joaquín habrá escuchado tiros.
—En todo el tiempo que yo fui policía acá, nunca se escuchó un tiro en el pueblo —dice Esteban y grafica con un ejemplo– Yo nunca he sabido que tenía la pistola en la cintura cuando trabajaba acá.
Esteban Paredes, como los padres y familiares de Blas Correas y José Ávila, asesinados en 2020 por balas policiales, lleva más de un año esperando un llamado, un contacto, un gesto del gobernador Juan Schiaretti, pero ese gesto no llega. Ni cuando el gobernador está en campaña, estos casos parecen importarle. En la marcha, reclamando Justicia por Joaquín, las tres familias plantearon lo mismo: Que nunca los ha recibido, que jamás el Estado Provincial ha contenido a las familias, que es increíble que la máxima autoridad provincial siga diciendo que “la Policía de Córdoba es la mejor policías del país”.
Sin embargo, el abuelo de Joaquín también se siente usado por la máxima autoridad provincial.
—Nunca me llamó. Y el señor gobernador me conoce bien. En la escuela de Jardín me entregó un cheque porque yo estaba en la comisión de la comuna hace muchos años. Además, con toda mi familia le supimos poner el voto alguna vez.
Por la causa están imputados como coautores del homicidio cinco policías, de los cuales tres permanecen en libertad. Estos son los nombres de los acusados: Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Iván Alexis Luna (25), Jorge Luis Gómez (33) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26)
Arreglar el chanchurrio
La lista de víctimas policiales que se lee en las marchas contra el gatillo fácil, se incrementa cada año. En la marcha de Paso Viejo se sumaron tres nombres más a los 79 que se leían hasta el año 2020. Esos tres nombres no son más importantes que los otros, pero son los últimos. José Avila, 80; Valentín Blas Correas, 81; Joaquín Paredes 82. Todos víctimas del abuso policial.
La mamá de Valentín Blas Correas (asesinado en agosto de 2020) también apuntó al Poder Político y señaló al ministro de seguridad y a uno de los jefes policiales involucrados en el homicidio de su hijo. Junto a las otras madres-víctimas presentes, Soledad Laciar contó la confesión que le hizo el comisario Gonzalo Cumplido al momento del asesinato de su hijo:
—Cumplido me dijo que intercambió llamadas con el Ministro de Seguridad (Alfonso Mosquera) el día que mataron a mi hijo y que el Ministro le pidió que arreglaran el chanchurrio que se habían mandado con mi hijo.
La madre de Blas nunca contó los detalles de aquella conversación con el policía que primero fue imputado y luego sobreseído y pasado a retiro de la Policía. Entre la angustia de las otras madres el día de la marcha por Joaquín, Soledad sí se atrevió a contarlo:
—Gonzalo Cumplido me dijo que cuando él le pidió a los policías que arreglaran “el chanchurrio”, los policías entendieron que eso implicaba plantarle un arma a mi hijo.
El caso Avila
José Avila fue asesinado en junio de 2020. Los policías que lo mataron huyeron del lugar, trataron de engañar a sus jefes y finalmente dijeron que Avila les había resultado “sospechoso”. Lo que no explicaron es por qué abandonaron el cuerpo tirado en el patio de una vivienda. La esposa de José se llama Yohana y en diálogo con cba24n contó que nunca nadie del gobierno provincial se hizo presente en su casa. Que nadie le dio acompañamiento psicológico a su familia y que lo que hizo la Policía le “arruinó la vida” a ella y a sus hijos (que quedaron huérfanos de padre) y a los padres de José.
Amenazas
El tío de Joaquín fue el primer familiar que vio muerto a Joaquín en el hospital de Villa de Soto. Según confirmaron los forenses, el disparo le ingresó por la espalda y se alojó en el pecho a unos centímetros del corazón del chico que tenía apenas 15 años.
Desde aquel día hasta hoy la familia y sus amigos denuncian persecusiones policiales, allanamientos truchos y amenazas. El tío del chico asesinado, Don (que fue policía durante 24 años) contó que el padre de uno de los policías acusados del homicidio de su sobrino, lo amenazó en la calle. Esa causa que es paralela a la de la muerte de Joaquín, también avanza.