La Justicia de Córdoba le ordenó al Club Atlético Belgrano que conceda de inmediato el pase libre a un niño de diez años que participa en las divisiones inferiores. 

La sentencia estipula que el pase debe ser otorgado una vez que los padres del chico demuestren de manera fehaciente el cambio de residencia familiar, la identificación de las personas con las que convivirá el niño, el establecimiento educativo al que asistirá y el nuevo club donde continuará con su práctica de fútbol federado. Es crucial destacar que sin este pase, el niño no puede jugar para otro club afiliado a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

La jueza María de los Angeles Morello, titular del Tribunal de Gestión Asociada N° 1, respondió así a una acción de amparo presentada por los progenitores del niño, y dictaminó que el club debe otorgar el pase libre del jugador aficionado de manera incondicional, permitiéndole así disfrutar de plena libertad para continuar su carrera futbolística en otro club. 

Los padres argumentaron que la mudanza inminente de la familia a otra ciudad y la falta de un contrato profesional entre las partes justificaban esta solicitud.

Por su parte, Belgrano alegó que ninguna otra institución deportiva había solicitado al jugador y que los padres no habían especificado a qué ciudad se mudarían ni cuándo, lo que impedía que tomaran una decisión en beneficio del niño.

La jueza Morello subrayó la falta de regulaciones claras en la AFA con respecto a los pases y transferencias de menores que practican fútbol de manera federada. A pesar de estas omisiones regulatorias, enfatizó que ningún niño debería estar sujeto a decisiones adultas que limiten su desarrollo deportivo, y destacó que la práctica deportiva infantil no debe ser objeto de comercialización.

En consecuencia, la magistrada instó a la AFA a modificar su reglamento de manera rápida y efectiva, con asesoramiento especializado en temas de infancia, para regular detalladamente las actividades relacionadas con menores en el fútbol.

Por último, la sentencia remarca la importancia de construir regulaciones claras que protejan los derechos y garantías constitucionales de los niños y adolescentes, siempre priorizando su bienestar y desarrollo.