Marcharon en Córdoba por el Derecho a la Salud Mental

Se realizó la 8va Marcha por el Derecho a la Salud Mental, con la consigna “Tenemos ley, exigimos dignidad”, una movilización que desde 2014 toma el espacio público para reclamar la plena implementación de las leyes nacional y provincial de Salud Mental.

La marcha fue convocada por un amplio colectivo de organizaciones que partieron desde Colón y Cañada a las 17:30 de este lunes.

Esta marcha significó el regreso a las calles, luego de la “marcha virtual” del 2020, una propuesta que conjugó registros audiovisuales de distintas actividades y que se transmitieron por las redes sociales de la marcha. 

Teniendo en cuenta la situación actual, el documento explicitó la necesidad de encuentro presencial en las calles de nuestra ciudad: “militamos la cercanía y la proximidad subjetiva y afectiva que es nuestra principal apuesta política. Estamos de nuevo para que todos/as puedan estar”, versaba el comunicado emitido por las agrupaciones. 

Desde la organización afirmaron que la convocatoria de este año también presta atención a la seguridad en el contexto de la pandemia, por lo que, “en consonancia con la perspectiva de salud y derechos, las prácticas de cuidados colectivos estarán presentes durante toda la concentración”.

En otro párrafo el comunicado señalaba que “ocupar el espacio público es un objetivo en sí mismo. La marcha de salud mental es una particular forma de acción política que surge en un sector que ha sido históricamente invisibilizado, ocultado, segregado y patologizado: la gente en general no nos imagina a los usuarios y usuarias opinando, no nos ven como ciudadanos, con derechos y con capacidades. O nos tienen lástima, o nos ven como enfermos o como peligrosos.”

Asimismo, expresaron desde las organizaciones de usuarios que conforman la comisión organizadora que “este año la movilización se realiza el 29 de noviembre en coincidencia con la sesión presencial en Córdoba del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones. Será la primera vez que sesione de manera presencial luego de la pandemia, (y la primera fuera de Buenos Aires) por lo que espera la participación en la marcha de los consejeros de este órgano de incidencia de la sociedad civil en las políticas de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones; a la vez, será una inigualable oportunidad para visibilizar ante este órgano, la situación lamentable en que se encuentra la salud mental en nuestra provincia” advierten desde el colectivo y remarcan: “Tenemos ley, exigimos dignidad”

“Tenemos ley, exigimos dignidad”

La consigna hace referencia a la  Ley Nacional N° 26657, es decir la que en el año 2010 vino a regular una profunda reforma en el sistema de atención a la Salud Mental, siguiendo los estándares internacionales en salud mental y los derechos humanos. Reformas que, a once años de su promulgación, no terminan de implementarse en Córdoba.

Por eso, la voz central de esta marcha reclama por la implementación de la ley, a la vez que se levanta en su defensa, en respuesta a los sucesivos ataques que le vienen asestando desde distintos sectores mediáticos, políticos y corporativos.

El documento que se leerá en el cierre de la marcha expresa: “Este año nos movilizamos también contra los fuertes ataques a la ley de salud mental. Desde diferentes medios hegemónicos y grupos corporativos atribuyen déficit a estos marcos normativos cuando, por el contrario, es su incumplimiento lo que genera los gravísimos problemas que estamos denunciando.”

También desde la organización explican que “las reformas que impone la ley no sólo implica reconvertir las instituciones monovalentes sino desplegar un abanico de políticas integrales que van desde la apertura de dispositivos que sustituyan al manicomio, la integración de la salud mental en el sistema general de salud, con énfasis en el primer nivel de atención, la implementación de una política de vivienda y apoyos, para que la alternativa a vivir en un hospital no sea vivir en la calle, y el acceso a derechos sociales como el trabajo, la educación y la no discriminación.

Hace 11 años que tenemos la Ley Nacional y la ley provincial. La pregunta que nos hacemos es qué se implementó en estos años, qué reformas hubo, por ejemplo, en el sistema de atención en la provincia. Qué nuevos dispositivos comunitarios se abrieron y sostuvieron, qué políticas se implementaron para la reparación de las vidas arrasadas de personas que estuvieron y aún permanecen internadas y segregadas en hospitales neuropsiquiátricos. Estas preguntas aparecen una y otra vez en los debates que llevamos adelante desde el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental.  La respuesta a estas y otras preguntas, son invariablemente negativas y muestran el panorama desolador de la salud mental en Córdoba.”

Movimiento social de la salud mental

Es impulsado desde un colectivo de organizaciones, en las que confluyen usuarios de servicios de salud mental, trabajadores del sector, familiares, estudiantes, organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y ciudadanos en general, que promueven la marcha también como expresión de una experiencia organizativa y de consolidación de un movimiento social con base local, que además articula con organizaciones y redes similares el país y la región latinoamericana.

“En esa línea este año el diseño del afiche es colectivo”, explican: “en lugar de realizar como en los años anteriores un afiche de la marcha, se propuso a todas las organizaciones y personas que realicen sus diseños para que haya muchos afiches distintos, diversos y participativos. Además de colocarlos en las organizaciones, la comisión de comunicación los publica en las redes sociales de la marcha.   Con esa lógica también se van implementando estrategias de participación para las intervenciones artísticas de difusión de esta iniciativa. Este ejercicio contrasta con la falta de consulta y escucha auténtica del Estado provincial a las organizaciones de usuarios al momento de implementar medidas en el campo de la salud mental.  Es evidente que si desde las autoridades provinciales hubieran garantizado el derecho a la participación de las propias personas afectadas por las políticas del sector (lo cual está incorporado en la ley y en los instrumentos internacionales de derechos humanos), no habrían podido reducir desde el 2015 el presupuesto anual destinado a salud mental. Incluso el presupuesto continuó reduciéndose en plena pandemia a contramano de las inversiones en el sistema general de salud.”