El juez de Control Juan Manuel Fernández López confirmó la elevación a juicio de la causa que investiga la muerte de bebés que nacieron sanos y murieron a los pocos días en el Hospital Materno Neonatal.

Los casos ocurrieron durante el año 2022 y en la investigación, hay once personas imputadas, entre ellas la enfermera Brenda Agüero, sindicada como la principal sospechosa de haber causado las muertes y el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo.

Pese a las apelaciones presentadas por los abogados de los imputados, el juez definió que todos los investigados sean juzgados en un único proceso judicial.

La fiscalía a cargo de Raúl Garzón investiga la muerte de cinco bebés recién nacidos y otros ocho casos de niños que sufrieron descompensaciones tras haber nacido sanos pero que sobrevivieron. Los casos ocurrieron en el lapso de cuatro meses entre marzo y junio de 2022.

Los imputados

La enfermera Brenda Agüero, detenida desde agosto de 2022, está imputada por “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”, y es la principal sospechosa de haber provocado las muertes de manera intencional mediante inyecciones con sustancias que descompensaban a los recién nacidos, sin causas aparentes.

También estarán en el banquillo la exdirectora del hospital, Liliana Asís, la exvicedirectora, Claudia Ringelheim, Alejandro Escudero Salama, exvicedirector de Gestión Hospitalaria del centro médico. Marta Gómez, exjefa de Neonatología, Blanca Alicia Ariza, exjefa de Enfermería y las médicas Adriana Morales y María Alejandra Luján, quienes firmaron los certificados de defunción sin conocer las causas eficientes de los decesos.

Por otra parte, también deberán responder ante la Justicia el exministro de Salud provincial Diego Cardozo, acusado de omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado, Alejandro Gauto, exsecretario de Legales del ministerio de Salud y Pablo Carvajal, exsecretario de Salud.

El escándalo por las muertes tomó estado público en agosto de 2022 tras las denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio de ese año. 

Las primeras pericias determinaron que los niños presentaron cuadros de exceso de potasio en sus cuerpos, presuntamente por haber recibido inyecciones de manera intencional.