Gestar. Parir. Abortar. Todo forma parte de los procesos fisiológicos que involucran a las personas gestantes. En Argentina, la ley que regula y rige a los profesionales de la salud es la 17.132, sancionada en 1978 durante la última dictadura cívico-militar. Y su artículo 49 es el único que menciona a los profesionales de la Obstetricia. 

Lorena Muzicareli, partera y obstétrica, es una de las profesionales que impulsan la actualización de esta ley. Dialogó con Cba24n sobre la iniciativa, y explicó que adecuar el marco legal vigente es central para fortalecer el acceso a la prevención, promoción y atención de la salud sexual y reproductiva dentro de la provincia y también en todo el país.  

“Nosotras hoy no podríamos ni siquiera recetar hierro. No tenemos regulación. Nuestra ley está tan atrasada que no podemos indicar ni siquiera un antibiótico. Tenemos un vademécum que muchas profesiones no lo tienen, y eso hay que revalorizarlo”, destaca.

En Argentina, más allá de los alcances nacionales que presenta la ley, cada jurisdicción tiene potestad para modificar ciertos criterios que considere se adaptan mejor a su realidad territorial. En el caso de la Provincia de Córdoba, la ley vigente es la 6222, y las funciones de los obstétricos quedan limitadas a los artículos 33, 34 y 35.

Esta normativa impone dos grandes limitaciones para los profesionales. La primera es que sólo contempla el acompañamiento de las pacientes durante la gestación y el puerperio, por ende quedan excluidos escenarios de interrupción voluntaria del embarazo. La segunda, es que obliga al profesional obstétrico a consultar al médico en cada intervención que tenga con la persona gestante. 

Sobre esto, Lorena argumenta: “Las parteras acompañamos procesos fisiológicos reproductivos y no reproductivos, no asistimos patologías. Cuando hay patología lo derivamos al médico ginecólogo. Pero la mayoría de las veces es un proceso sano. Esto implica gestar, parir y hoy también abortar”.

De acuerdo a la última medición del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), de haber una regulación laboral y formación adecuadas, quienes ejercen la obstetricia tendrían la capacidad de proveer el 87% de los servicios esenciales de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal de personas gestantes y recién nacidos.

Foto: Télam.

A nivel global, el escenario muestra datos preocupantes: al menos 300 mil mujeres mueren por año durante los procesos de parto y puerperio. En América, la pandemia empeoró el índice de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos, que en el 2020 mostró un retroceso de 8 años. Frente a estos índices, Lorena asegura que reivindicar la profesión de las parteras puede contribuir sustancialmente a mejorar los índices de morbimortalidad materna y neonatal.

“Hoy la ley nos regula como secretarias del médico ginecólogo”

La actualización de la ley vigente apunta a renovar ejes claves: promover propuestas educativas integrales en la provincia, revalorizar el rol de las parteras y profesionales obstétricas, y mejorar el acceso a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de la población. Sin embargo, uno de los desafíos a enfrentar será la fuerte desigualdad entre las localidades y la capital cordobesa. 

Según Lorena, la escasa cantidad de profesionales y la amplitud territorial profundiza la situación: “En Córdoba, si te movés un poco de la capital, hay una ausencia en materia de salud sexual reproductiva y no reproductiva porque las personas no llegan a los métodos ni a la información". 

La formación de profesionales: una apuesta política

Pretender hablar de los derechos sexuales y reproductivos, implica necesariamente revisar la formación de los y las profesionales obstétricas. Actualmente, en Argentina la Licenciatura en Obstetricia se dicta en Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa y San Juan. 

Córdoba no cuenta con esta carrera en ninguna de sus localidades. El antecedente más reciente fue la Tecnicatura en Obstetricia, una propuesta educativa eliminada durante la dictadura militar, período en que se suspendió el egreso de estas profesionales. Las consecuencias se ven a día de hoy: menos de 50 profesionales en todo el territorio. 

“No somos las parteras de antes, ahora tenemos una currícula académico-universitaria con mucho entrenamiento y post-grado, sumado a que la salud sexual reproductiva avanzó considerablemente”, reflexiona Lorena. 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, un derecho a garantizar

De acuerdo a lo que relatan otras profesionales, es muy común que se asocie a las obstétricas y parteras con los procesos de nacimiento. No obstante, aclaran que su trabajo implica también promover el acceso a métodos anticonceptivos, y también garantizar el derecho a interrumpir un embarazo de manera segura y sin estigmas. 

La situación en Córdoba dista de ser la ideal. La Red de Socorristas en la provincia relevó la realidad de diversos municipios, y el pasado 28 de septiembre denunciaron que un incumplimiento real y constante para las personas que intentan acceder a la IVE. 

Entre las principales demandas, remarcan que “las personas sufren la desidia y el abandono total por parte de las organizaciones de salud” y que existe una real “insuficiencia en la cantidad de tratamientos medicamentosos para cubrir la demanda actual”. 

Los datos son contundentes. Faltan recursos, profesionales y también la voluntad política para garantizar los derechos reproductivos y no reproductivos de las personas gestantes. Si bien la problemática abarca un gran abanico de aspectos, la actualización de un marco legal para las profesionales obstétricas puede ser un comienzo esperanzador. Porque la salud es un derecho, y como tal, debe ser respetado.