Ordenan restricción a un legislador de Córdoba por denuncia de violencia familiar

La denuncia es por y establece una , lo que significa que el legislador no puede estar presente en los lugares que frecuenta su exmujer y viceversa. 

Además, el juez ha prohibido cualquier tipo de comunicación entre ellos, incluyendo cualquier contacto verbal, telefónico, personal, por medios informáticos o cibernéticos, o por interpósita persona. La orden judicial fue realizada el 2 de febrero último y detalla que, “a los fines de hacer cesar la escalada de violencia, proteger la vida, la integridad física o emocional, la libertad y seguridad personal de la denunciante y del grupo familiar”. 

ocupa una banca en el y es precandidato a intendente por Juntos por el Cambio en Lozada. En cuanto a si la orden judicial contra el legislador podría generar un expediente interno en la Legislatura de Córdoba debido a que ocupa un cargo público, dependerá de las normativas y protocolos internos de la Legislatura en cuestión. 

Es importante destacar que la Legislatura cuenta con la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, que funciona en forma permanente y puede ser un espacio de referencia para abordar este tipo de situaciones. Además de la adhesión de la provincia a la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública.

Cabe destacar que la abogada de Eduardo Serrano, Luciana Gutiérrez, reveló que se ha solicitado una medida recíproca por parte de la Justicia en un caso de “violencia familiar”  y no como “violencia de género” como transcendió en algunos medios de comunicación. 

Una media preventiva y cautelar

Por lo pronto y por medio de un oficio dirigido al secretario legislativo Guillermo Arias, la jueza de 1º instancia María Soledad Vieites notificó la determinación judicial que pesa sobre Serrano. En la comunicación, se destaca que .

“Se hace saber a Ud., que el proceso de violencia familiar es eminentemente cautelar y las medidas que se adoptan en su marco son urgentes y tienen un fin preventivo. No se trata de un proceso de conocimiento por lo que, no es posible en esta instancia determinar la veracidad y/o existencia de hechos de violencia”, se advierte en el texto.

Pedido de expulsión

Este viernes se conoció el pedido de otro legislador del bloque oficialista, Juan Manuel Cid, quien solicitó la expulsión de Serrano de ese espacio dentro de la Legislatura.

Precisamente, por el motivo que ya no pertenece a nuestro espacio político”.

Lo hizo en una carta con fecha 3 de marzo y dirigida a Leonardo Limia, presidente del bloque dentro de la Unicameral.