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Para la defensa de Brenda Agüero, dividir la investigación beneficia a funcionarios imputados
Los abogados de la imputada por la muerte de bebés en el Neonatal criticaron la decisión judicial.
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Este viernes, el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa de la muerte de bebés en el Hospital Neonatal, solicitó que la causa se eleve a juicio oral y además amplió las imputaciones sobre los funcionarios involucrados. La enfermera Brenda Agüero sería la única autora material del hecho.
“Todo indica que la autora material ha sido una sola persona, y es probable que sea un comportamiento serial. Pero el cuadro delictivo en su conjunto converge en esta sola persona”, indicó el fiscal a cargo de la investigación Raúl Garzón.
Sin embargo, los abogados defensores de Brenda Agüera, Gustavo Nievas y Juan Manuel Rivero, lanzaron un comunicado criticando la medida de “dividir” la causa entre Agüero y los funcionarios (el ex ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo; la ex directora del hospital maternal, Liliana Asís; Pablo Carvajal; Alejandro Escudero Saleme; Marta Gómez Flores y Adriana Morales).
Caso Neonatal: piden la elevación a juicio y amplían las imputaciones contra funcionarios
“La causa unificada, garantizaba que todas las partes pudiéramos conocer lo que estaba sucediendo respecto del resto de los hechos y la prueba que se incorporaba día a día, pero con esta división, se le permite a los funcionarios que no se investigue la desaparición y destino final de partidas de remedios (vitamina K y potasio) y el desmantelamiento de la escena del crimen, ocurridas semanas antes de la detención de Brenda Agüero que fueron denunciadas por esta parte ante el Fiscal, quien considero que eran hechos no relevantes cuando el art. 255 del CP, expresamente castiga con pena de prisión el que ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba en una causa judicial”, argumentaron.
Y agregaron: “intentar elevar a juicio solamente a Brenda Agüero y de tal manera dividir la investigación, implica una maniobra para evitar que los funcionarios cuya situación procesal supuestamente fue “agravada”, esquiven su convocatoria a un juicio oral y público y que sean juzgados por jurados populares”.
Ambos abogados afirmaron que formularán oposición ante la decisión del fiscal. “Constituye una resolución muy funcional con el Poder Ejecutivo Provincial, en plena campaña presidencial, quien se garantiza la clausura este tema en los medios, por varios meses”, concluyeron.