Esta semana habrá dos Audiencias Públicas, buscando aumentar servicios en la provincia de Córdoba.

Por un lado, la empresa Aguas Cordobesas intentará justificar ante las autoridades del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) que sus costos aumentaron tanto como para poner en marcha el tercer aumento en los últimos tres meses.

Por otro lado, también se evaluará la solicitud de Caminos de las Sierras para subir el peaje un 25% para quienes abonen de manera manual.

Así llegaría a los $ 1.000, consumando una suba del 150 por ciento sólo en lo que va de la gestión Martín Llaryora.

El caso puntual sería para quienes no utilizan el sistema dinámico con patente y reservado para la categoría 2, automóviles particulares.

En el mismo sendero, la propuesta elevada también busca un pase masivo al sistema de Telepase, impulsando el cobro con “hasta un 200% de recargo” para quienes abonen en efectivo o con billeteras virtuales.

La argumentación de tal solicitud se basa en “beneficios” que van desde “la reducción significativa de la congestión” hasta una “menor contaminación acústica, como así también el impacto ambiental y la posibilidad de accidentes”, pasando por la “mejora en la fluidez del tráfico en las rutas, disminuyendo el tiempo total de viaje; reducción de costos operativos; mayor automatización, la disminución de los errores derivados del cobro manual; y mayor seguridad respecto a la eliminación de las paradas abruptas y arranques en las cabinas”.

También se conoció que se pone a consideración la autorización para que se empiece a cobrar peaje en las estaciones de las flamantes Autovía Ruta 5 y Autovía Ruta 38, en Punilla.

Aumentos sin Audiencia

Caminos de las Sierras metió entre sus últimos pedidos que se le habilite un flamante mecanismo de aumento, mediante el Coeficiente de variación de costos (CVC), consistente en una fórmula polinómica basada en las publicaciones y cálculos de la Dirección de Estadística y Censos provincial.

Así, con estas mediciones, las pasadas por las cabinas podrían tener ajustes mensuales.

La prestataria, donde el Estado provincial tiene mayoría accionaria, se limita a aclarar que “la implementación de la fórmula propuesta busca dar previsibilidad al usuario, agilizar el proceso de aplicación de variaciones tarifarias y garantizar un servicio de calidad".