Presentan otro pedido de juicio político contra el Defensor del Pueblo, Mario Decara

Mientras desde el Gobierno de Córdoba volvieron a despegarse de la posibilidad de habilitar la re reelección de intendentes, a través de una reinterpretación de la ley 10.406 que se los impide, y luego de que el intendente de Tanti, el radical Luis Azar dictara una ordenanza que le permite la “re re”, contra lo que dice la normativa, en la Legislatura Unicameral presentaron un pedido de juicio político contra el Defensor del Pueblo, el radical Mario Decara.

Sucede que el funcionario recomendó a un grupo de intendentes que quieren la re reelección, tomar esa vía, que luego aplicó el intendente de Tanti, lo que, para las legisladoras de los bloques de “Encuentro Vecinal” y de la “Coalición Cívica-ARI” que presentaron el pedido, implica que está ejerciendo “actividad partidaria”, cuestión que la ley 7.741 le prohíbe taxatavimente.

Así lo aseguró la legisladora del bloque Vecinalista, María Rosa Marcone, al afirmar que Decara puso “todo el equipo” de la Defensoría a disposición de “un grupo de intendentes radicales, algo que no tiene nada que ver con sus funciones"

En diálogo con el programa “Pensavalle informa” por radio Universidad,  señaló que es “importante que tenga un juicio, que rinda cuentas de por qué no defiende activamente cosas que si son de su competencia y se involucra en un tema que para nada tiene que ver con lo que debe defender”.

Marcone recordó que está vigente “una ley aprobada por unanimidad por la Legislatura, que nunca sufrió un pedido de inconstitucionalidad en la justicia”. En esa dirección, agregó que lo que está haciendo Decara, “es ayudar a un grupo de correligionarios suyos a encontrar un atajo para no cumplir una ley”.

Más adelante, la legisladora expresó que “si considerara que realmente vulnera derechos” la ley que prohíbe la re reelección, “el paso es pedir la inconstitucionalidad de la ley, pero no recomendar un atajo para que la ley no se cumpla, porque esa no es su función”.

Marcone sumó argumentos al expresar que “son reglas del juego electoral que eran conocidas por todos desde el 2016, pasaron seis años" desde su aprobación, sostuvo, ante lo que se preguntó por qué no presentaron antes algún pedido de inconstitucionalidad..

Por otra parte, ambos bloques legislativos agregaron en el pedido de juicio político, la denuncia por el presunto mal uso de los fondos. Marcone recordó que “la Defensoría tiene un presupuesto de 563 millones de pesos”. 

Al respecto, puso en duda el manejo y el destino de esos fondos. Dijo que “enviaron notas y pedidos de informes” a la Defensoría presidida por Decara, por cuestiones que planteaban ciudadanos que “si veían vulnerados sus derechos y nunca recibimos una respuesta”.

"Ahora porque esto afecta a un grupo de intendentes de su mismo partido, se involucra personalmente, cosa que tiene prohibida, y pone a los equipos de la Defensoría a disposición de los mandatarios comunales, lo que es “grave”, concluyó Marcone.