Sanadores egipcios: los damnificados reclaman más de $60 millones de reparación
La fiscalía de Cura Brochero solicitó la elevación a juicio de la causa. Son 12 los imputados y se los acusa de asociación ilícita, estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la psicología. El líder de la organización denominada "Maestros Seshen", Mauricio Aparicio Díaz, también está acusado por abuso sexual.
La Fiscalía de Cura Brochero, a cargo de Analía Gallaratto pidió la elevación a juicio de la causa conocida como "los sanadores egipcios", en la que hay 12 imputados de asociación ilícita, estafas reiteradas, ejercicio ilegal de la psicología y abuso sexual. La querella que representa a 8 damnificados reclama además una reparación de más de $60 millones.
Mientras tanto, el abogado defensor de una de las personas imputadas , planteó que luego de analizar los argumentos de la elevación a juicio, se van a oponer a la medida y paralelamente esperan una resolución de la justicia federal adonde presentaron un recurso para que se haga cargo de la causa por tratarse de una violación a la ley de trata de personas.
En la causa que investiga la fiscal de Cura Brochero están imputados el líder de la organización conocida como "Maestros Seshen", Álvaro Juan Aparicio Díaz, su esposa Laura Cannes, Elizabeth López, Liliana Dariomerlo, Verónica Floridia, Alejandra García, Flavia Stefanich, Maximiliano Isiksonas, Claudio Urtiaga, Cristina Marcial, Carolina Altamirano y Rosa Benavídez. El sindicado como cabecilla de la organización está imputado por abuso sexual reiterado.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, "la investigación pudo develar el accionar de la organización delictiva dedicada a estafar a un gran número de damnificados a través de una modalidad defraudatoria consistente en el ofrecimiento y prestación de servicios de psicología sin cumplir los recaudos legales habilitantes para ello. Desde allí ejecutaban otros tipos de maniobras para obtener réditos económicos, tal como la coacción".
Por otra parte, se señala que hay "treinta y nueve hechos endilgados en donde resultaron víctimas múltiples personas vulnerables por problemas personales y de salud, mientras que once de las doce personas imputadas están " privadas de su libertad (confirmada su prisión preventiva en doble instancia recursiva –Juzgado de Control y Cámara de Apelaciones)".
Desde la querella, el abogado Tomás Aramayo confirmó que pidieron una reparación de $66 millones en nombre de 8 damnificados que "perdieron todo y fueron estafados" por parte de las personas que conformaron la "asociación ilícita". "Luego de meses de peritajes, del trabajo de terapeutas para lograr determinar el perjuicio provocado por esta asociación ilícita de falsos psicólogos" en todas las personas que "fueron víctimas y captadas por esta escuela de sanación egipcia", formalizaron la demanda como actores civiles, dijo Aramayo.
Por su parte, Lucas Olmos, el abogado defensor de Maximiliano Isiksonas, uno de los imputados se mostró sorprendido ante el pedido de la fiscal, ya que aduce que aún restaban realizarse pericias psicológicas y adelantó que se van a oponer a lo solicitado por la fiscalía. El letrado asegura que su representado no formaba parte de una asociación ilícita y que por el contrario, también era víctima de la situación, cuestión que también sostienen algunas de las otras personas imputadas en la causa.
En esa dirección, agregó además que en la causa debe entender la justicia federal, adonde plantearon la inhibitoria "porque estamos ante un hecho de flagrante violación a la ley de trata y es competencia federal". Señalan que los responsables son Aparicio Díaz y su esposa, quienes fueron los "únicos beneficiados", mientras que el resto de los "discípulos" fueron "víctimas, explotados y abusados" y tuvieron que "abonar constantemente sumas de dinero por supuestas protecciones y asesoramientos espirituales, donde los reducía a la servidumbre".
Ahora, la justicia federal deberá determinar la cuestión de la competencia planteada por Olmos, aunque también se espera que otros representantes legales de imputados planteen la oposición a la elevación a juicio pedida por la fiscalía, ante lo cual la justicia provincial también deberá expedirse y en caso de confirmar la solicitud, poner fecha de inicio al juicio.