Situación crítica en Arsa: concurso preventivo de quiebra y suspensión de cientos de trabajadores

Ante la estrepitosa caída del consumo por las medidas tomadas por el Gobierno de Javier Milei, y en medio de un proceso de concurso preventivo ante la Justicia, la empresa Alimentos Refrigerados SA (Arsa), fabricante de yogures y postres Sancor, propuso suspender a una gran parte de los 500 trabajadores que la compañía tiene en sus plantas de Monte Cristo (Córdoba) y Arenaza (Buenos Aires).

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) rechazó inmediatamente la medida.

Ante la crítica situación de la empresa láctea, que hasta 2016 fue parte de la cooperativa Sancor, sus autoridades mantuvieron el martes 27 de mayo una reunión en el consejo nacional de Atilra y con los delegados representantes en ambas plantas.

“Esta reunión, que se llevó a cabo por pedido de la propia empresa, tenía como fin presentar en detalle la crítica situación que la compañía se encuentra atravesando, en la búsqueda de alcanzar consensos con dichas autoridades para poder avanzar en alternativas que permitan, a partir de una reestructuración y reingeniería de los procesos productivos, garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa, en un contexto sumamente difícil, signado por un marcado deterior del poder adquisitivo y como consecuencia una gran caída del consumo en general y de los productos que elabora nuestra compañía en particular”, informó la firma en un comunicado.

Como parte de su reestructuración, Sancor acordó en 2016 la venta a Vicentin Family Group (otra unidad de negocios independiente de la agroexportadora también concursada), a cambio de U$S 100 millones, de las líneas de yogures, flanes y postres que la cooperativa elaboraba en las plantas ubicadas en Monte Cristo y en Arenaza. Esto derivó en el nacimiento de Arsa.

La nueva firma, que ahora maneja la empresa venezonala Maralac, había solicitado el 21 de diciembre de 2023 su concurso preventivo de acreedores, un trámite que fue convalido por la Justicia el 1° de marzo pasado.

El fundamento para la medida brindado por la firma indicó que era una consecuencia de los problemas financieros que la compañía atravesaba por el contexto macroeconómico, lo que le generó en ese momento aumento de los costos operativos en contraposición a una fuerte caída de ventas, según publica La Voz.

“Aun en esta coyuntura, la empresa priorizó con un gran esfuerzo el sostenimiento de las fuentes laborales y el pago de los salarios”, informaron desde Arsa.

Ante la Justicia, la empresa declaró tener un pasivo de $ 49.713,7 millones en 339 acreedores, a los que se suman $ 67.354,1 millones eventuales por garantías de deudas de terceros, cuando realizó la compra a Sancor en 2016.

Según la empresa, la situación en los últimos meses ha empeorado significativamente, por las políticas económicas implementadas por el gobierno de Milei, haciendo inviable el sostenimiento de su  estructura productiva actual.

“En virtud de lo cual planteamos la ineludible necesidad de prever un determinado porcentaje de suspensiones laborales por un margen de tiempo. Esta medida le permitiría a la compañía adecuar la plantilla activa de empleados a los niveles actuales de producción, necesarios para responder al nivel de comercialización y ventas que tienen nuestros productos en el contexto actual”, señaló la compañía.

El pedido incluye la suspensión de manera proporcional de parte de los 500 trabajadores que la firma tiene en ambas plantas elaboradoras de productos lácteos frescos.

El gremio rechazó de manera terminante las suspensiones, y amenazó con la implementación de medidas de fuerza en defensa de los puestos de trabajo.