Tribunal de Cuentas: continúa la polémica por el proyecto de modificación que presentó el oficialismo

Este miércoles, la Unicameral debatirá un proyecto para modificar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia. En las últimas elecciones provinciales, el órgano cambió su composición y pasó a estar bajo el mando de la oposición. Esta iniciativa es impulsada por el oficialismo, que contaría con los votos necesarios para su aprobación. 

Desde la oposición aseguran que este proyecto afectaría la función central del órgano que es la de fiscalizar las cuentas públicas. En este sentido, se expresó Marcelo Cossar, legislador de Juntos por el Cambio, quien remarcó que se trata de un proyecto “que no representa las mayorías”. 

“En Córdoba se hace lo que el peronismo quiere cuando el peronismo quiere, así ha funcionado los últimos cuatro años. Hay un 99,9% de chances de que mañana, aprovechando la distracción que tenemos todos por las elecciones nacionales, van a poner este tema en tratamiento, no tengan dudas”, sostuvo en diálogo con Ponete al Día por Radio Universidad. 

En cuanto a la posibilidad de que el peronismo apruebe el proyecto mañana miércoles, Cossar aseguró que “la van a aprobar” ya que cuentan con una mayoría “que no es la que votó la gente”. “Esta es una mayoría que no votó la gente, que le dio equilibrio a la Legislatura y mayoría en el Tribunal de Cuentas a Juntos por el Cambio”, remarcó el legislador, haciendo referencia a los futuros cambios que se darán el próximo 10 de diciembre al asumir nuevas autoridades.

Al respecto, el legislador asegura que se deberían haber esperado el recambio de autoridades para impulsar iniciativas que afectaran al Tribunal. “Ayer estuvieron los nuevos representantes que no pudieron siquiera hablar, para que tengamos conciencia de cómo se mueve el poder”, agregó. 

Los juecistas María Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán son dos de los nuevos funcionarios que deberían asumir en poco menos de un mes. Ambos no descartan iniciar acciones judiciales contra el proyecto y su posible aprobación. El senador Luis Juez también se mostró en coincidencia con esta decisión. 

Por su parte, el cuerpo de legisladores de Juntos por el Cambio tomó la decisión de no participar de las comisiones de debate del proyecto, en forma de expresar su desacuerdo. Acerca de ello, subrayó: “El proyecto que surge después de las modificaciones es peor del que ingresó, por eso decidimos no participar”. 

Entre las modificaciones que se criticaron ampliamente está la posibilidad de que el vocal que representa la minoría, en este caso el futuro oficialismo provincial, pueda designar a un representante. “Avanza además sobre la facultad de controlar los pregastos, que es la razón de ser del Tribunal, que tiene que poder controlar antes de que se gaste la plata, no después”, dijo Cossar. 

La respuesta del oficialismo 

En respuesta el oficialismo reafirmó su postura y defendió la iniciativa: “Este proyecto lo que busca es modernizar el Tribunal de Cuentas que se rige por una ley de 1987 y que necesita una actualización”. Así lo afirmó el legislador Leonardo Limia, legislador de Hacemos por Córdoba. 

“Nosotros hemos escuchado mucho al sector de Juntos UCR que han hablado mucho con la prensa pero que no participaron en las instancias en las que corresponde para aportar al proyecto de ley”, sostuvo Limia. 

Respecto de las modificaciones, Limia asegura que están orientadas a responder a los cambios que experimentaron los tres poderes del Estado, en cuanto a recibos, facturas y otros documentos electrónicos. Asimismo, subrayó el Tribunal de Córdoba “es uno de los más transparentes del país y con mayor calidad institucional”. 

Profundizando al respecto, explicó que incluso después de las modificaciones “hay ciertos gastos que continuarán con controles preventivos y otros posteriores” pero que “todos los gastos pasan por el tribunal”. 

Justificó así la postura del oficialismo: “Creemos que el momento es ahora porque hay una necesidad durante el proceso de modernización del Tribunal de Cuentas”. Aseguró así que se “cumplen los tiempos lógicos del Estado”. 

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