Luego de un año de congelamiento de los alquileres, a partir de este 1º de abril, los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.

El decreto, que establecía dicho congelamiento y la prohibición de desalojos, en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, concluye este miércoles 31 de marzo.

Desde la Federación de Inquilinos, realizaron un ´ruidazo´ nacional para pedir al Gobierno "que extienda el decreto, para evitar una crisis habitacional, social y humanitaria en el medio de la segunda ola".

Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, dijo que "hay un montón de familias que sencillamente el día de mañana no saben a dónde van a ir a vivir porque, o acumulan deuda o tienen imposibilidad de pagar nuevos alquileres o de juntar todo el dinero para entrar a un departamento nuevo; es una situación muy complicada".

Agregó, además, que es necesario implementar un "plan de desendeudamiento de las familias inquilinas" y el "control para el cumplimiento efectivo de la ley de alquileres vigente desde hace 10 meses".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, sostuvo que "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación", según lo estipula la Nueva Ley de Alquileres.

Además, el gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos en la AFIP, de manera que los propietarios que no lo hagan, tampoco podrán iniciar acciones de desalojo.

También, se creó un Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

El Secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, aseguró que se hará “un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad”,

Finalmente, agregó que “también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”.

Para ello, se establecieron sectores prioritarios a la hora de adjudicar soluciones habitacionales, comenzando por las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.