La oposición generalizada de los bonistas a la propuesta de canje de deuda de la Argentina fue noticia en las últimas horas.

José Simonella, director del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE), opinó en diálogo con Canal 10 que la propuesta del gobierno argentino "era mezquina y los tenedores de bonos habían adelantado que no la podían aceptar. Fundamentalmente porque durante tres años no genera ningún interés, lo que se llama el período de gracia. Y los otros dos años son de interés muy bajo, del medio por ciento. Esta propuesta, para un tenedor de bonos, que tiene bonos para generar utilidad en su cartera de inversores, que en algunos casos son cajas de jubilaciones y demás, no lo iban a aceptar", dijo.

Agregó que la postura de los tenedores de bonos es que la propuesta argentina "les requiere demasiado esfuerzo y que la pérdida que tienen es desproporcionada, y no se justifica ni es necesaria para la situación argentina. Entienden que tienen que hacer un esfuerzo, pero no tanto. Y mientras Guzmán se decepcionó, el Presidente autorizó al banco de inversión que asesora en el tema del canje a que evalúe una nueva propuesta con los inversores. Probablemente el vencimiento del 8 de mayo se prorrogue, probablemente hasta el 22 de mayo, que es el plazo que tiene el gobierno para pagar o acordar para no entrar en default", explicó.

"El 22 la Argentina puede pagar los 500 millones. Hay una decisión política de querer aprovechar el marco que brinda la crisis del coronavirus para justificar un posible default a una necesidad concreta. El gobierno tendría que pagar este año 3500 millones de dólares, que suena mucho en términos de esfuerzo, pero que si uno piensa que tiene reservas por 43 mil millones, realmente lo podría pagar", valoró el especialista.

Y se explayó al respecto: "Me da la sensación de que el gobierno no pagaría ahora, pero sería una torpeza entrar en default. Más allá de que políticamente lo puede validar, en el mundo financiero sería un atraso. Argentina no podría financiarse de nuevo por muchos años. Me da la sensación de que el gobierno aceptará una propuesta un poco mejor", argumentó.

Simonella distinguió a los inversores institucionales de los holdouts o fondos buitre. "El inversor institucional quiere tener una rentabilidad determinada en función de lo que Argentina prometió, y si va a perder algo, no quiere perder todo. Por otro lado, los fondos buitre, que compran títulos a valores de default, que no quieren arreglar y quieren juicio, porque es su negocio. Me parece que el gobierno va a hacer acuerdos con los inversores institucionales antes del 22, o de lo contrario va a pedir que se aplacen las condiciones por un determinado tiempo, como hizo Ecuador", explicó.

Y ponderó que la pandemia, dentro del escenario económico, favorece la postura del gobierno nacional. "En lo interno, le justificaría un default, el marco de la pandemia le da el colchón político. Y externamente, le mejora la situación en cuanto a la problemática para pagar en el corto plazo, porque los recursos que tendría que usar para pagar la deuda debería usarlos para luchar contra la pandemia y sus efectos económicos", adujo.

El economista apuntó además que el Fondo Monetario Internacional ha pedido a los acreedores ser comprensivos con las deudas soberanas. "Pero nosotros no debemos abusar de esta posición, porque de lo contrario no vamos a llegar a un acuerdo y lo peor que nos puede pasar es entrar una vez más en default. Generaría un desgaste de imagen tremendo, muy difícil de revertir en el corto plazo", concluyó.