El Gobierno oficializó por decreto la oferta presentada el viernes pasado a sus acreedores privados con deuda emitida bajo ley extranjera.

La propuesta formal argentina contempla una quita de 62% sobre los intereses y de 5,4% sobre el capital, con un período de gracia  de tres años para comenzar a pagar en 2023.

Argentina plantea un canje de 66.238 millones de dólares en bonos. La quita implicaría una rebaja de 37.900 millones en intereses y 3.600 millones del capital.

El Decreto 391/2020, fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, en el que se estableció que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en dólares no podrá ser superior a los 44.500 millones de dólares, mientras que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en Euros no podrá ser superior al valor nominal de 17.600 millones.

El decreto estipula además que el Ministro de Economía podrá realizar las modificaciones que fuesen necesarias en el modelo del Suplemento de Prospecto, en la medida que las mismas no alteren la lista de Títulos Públicos detallados ni los términos y condiciones financieras y, de ser aplicable, las cantidades totales de los títulos a emitirse para dar efecto a la operación de reestructuración planteada. Tampoco deberán alterar los ratios de canje propuestos.

El viernes pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, había adelantado que el Gobierno “no podrá hacer frente a los pagos de deuda de los próximos días”.

En caso de no pagar, el Tesoro tiene un plazo de gracia de 30 días para girar el dinero antes de caer en default. Ese proceso se da a la par del plazo de “alrededor de 20 días” que dio Guzmán a los acreedores para decidir sobre la oferta para reestructurar la deuda.

Los acreedores todavía esperan a que la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) apruebe la oferta argentina para que comience el canje.

Recién allí los bonistas conocerán la propuesta formal y podrán evaluar si la aceptan o no, más allá del rechazo preliminar que ya manifestaron en forma unánime los tres comités de acreedores en las últimas horas al considerar que el Gobierno no negoció “de buena fe”.